La Avenida Manuel Agustín Heredia, nombre que se relaciona con uno de los grandes empresarios de la historia de Málaga, acoge una de las sedes que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene en la ciudad. Y lo hace desde el año 1997, cuando formalmente fue transferido por el Gobierno central a la Junta de Andalucía.
Sin embargo, pese a la existencia de un Real Decreto ordenando el cambio de titularidad, no ha sido hasta casi 25 años después cuando el inmueble ha sido inscrito oficial y formalmente a nombre del Gobierno regional.
De ello se va a dar cuenta en la próxima sesión del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, que tiene lugar este viernes. A tenor de lo recogido en el expediente, el ente municipal da validez a la propuesta formulada el pasado 3 de diciembre por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de inscribir el bien a nombre de la comunidad autónoma de Andalucía.
La entrega, en cualquier caso, no es gratuita. El acuerdo mantiene intacta una cláusula de reversión según la cual el Ayuntamiento de la ciudad, propietario original de la finca, la recuperará si el uso que la Junta hace del mismo deja de ser el judicial.
Porque es justo ese fin el que motivó que la ciudad cedió "gratuitamente" al Estado el 24 de julio de 1950 una parcela de 1.300 metros cuadrados en la calle Tomás Heredia para la construcción del Palacio de Justicia. En la escritura, el Ayuntamiento se obligaba a colaborar en la construcción del equipamiento desembolsando un máximo de 1.000.000 de pesetas.
La realidad es que el Estado tomó posesión libre de cargas del solar. En el expediente municipal se menciona que 28 años después de la firma de la escritura (el 29 de mayo de 1978), el Pleno del Ayuntamiento de Málaga adoptó por unanimidad un acuerdo según el cual aceptó renunciar "al derecho de reversión", siempre que por parte del Ministerio de Justicia "se acuerde la construcción de nuevo Palacio".
Lo ocurrido con el edificio de Manuel Agustín Heredia, 16, no es algo nuevo en las comunes relaciones entre Administraciones públicas. Ejemplo de ello es lo que ocurrió hace ahora casi 100 años con el antiguo Campamento Benítez. El terreno de casi 28 hectáreas sobre el que hoy se asienta un parque en precario, fue entregado por la ciudad al entonces Ministerio de la Guerra en 1924.
El acuerdo plenario adoptado en aquel entonces fijaba su cesión gratuita para el asentamiento de la Brigada del Ejército de África, incluyendo una cláusula para que fueran devueltos a la ciudad una vez finalizado el uso previsto. Un punto que fue suprimido un año después a petición del entonces gobernador militar de la ciudad, invalidando la histórica reclamación de la ciudad a recuperar su propiedad.