El Tribunal Supremo (TS) ha remitido esta semana a la Audiencia Nacional (AN) la investigación sobre una presunta estafa perpetrada a través de la empresa Hispakom por parte de una serie de personas que se dedicaban a ofertar material sanitario para prevenir ictus a ancianos haciéndose pasar por, supuestamente, empleados del servicio sanitario de la Junta de Andalucía.

En un auto del pasado mes de abril, la Sala de lo Penal responde a una cuestión de competencia y atribuye la misma sobre estos hechos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que será el encargado de asimilar la instrucción que hasta el momento correspondía al Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda (Jaén).

Según relatan los magistrados, los hechos objeto de investigación tienen su origen en el atestado que la Guardia Civil instruyó contra un total de 17 investigados que habrían actuado como una organización criminal a través de la empresa Hispakom, radicada en Úbeda.

Así, y haciéndose pasar por empleados del servicio sanitario de la Junta de Andalucía, se ponían en contacto con personas ancianas usuarias de servicios sociales o del sistema de teleasistencia, consiguiendo bajo esta apariencia concertar citas en sus domicilios, donde les ofrecían material sanitario para prevenir ictus o enfermedades cardiovasculares.

"Con este ardid y dada la vulnerabilidad de las víctimas por su avanzada edad, lograban que firmaran un contrato de crédito al consumo con una entidad para la financiación de la compraventa, sin ser conscientes de lo que realmente firmaban, y si bien en el momento de la firma las víctimas entregaban una cantidad en efectivo", recoge el auto.

Retiraban el embalaje para impedir la devolución

Para que no quedara reflejado en el contrato firmado con la entidad financiera, los investigados duplicaban el documento consignando como cantidad en efectivo una inferior a la realmente pagada. Asimismo, hacían firmar a los ancianos un documento que les impedía desistir de la venta de los productos, encargándose uno de los investigados de retirar el embalaje para impedir que los perjudicados al darse cuenta del engaño no pudieran devolverlo.

Además, apuntan los magistrados, las cantidades abonadas por los perjudicados eran ingresadas en las cuentas de algunos investigados, desde donde se desviaba y se procedía a su blanqueo. En el registro realizado por la Guardia Civil en Hispakom se intervino documentación de la que resulta la existencia de 1.500 perjudicados por las maniobras fraudulentas de los investigados, que residen en distintos puntos de la geografía española.

En concreto, el total se desglosa de la siguiente forma: 140 en Jaén, 52 en Cádiz, 32 en Córdoba, 500 en Granada, 76 en Almería, 1 en Guadalajara, 4 en Huelva, 1 en Murcia, 2 en Toledo, 400 en Madrid y 250 en Málaga. El total del perjuicio económico, además, se cifra en 2.500.000 euros.

De los datos del atestado, explica el Supremo, se desprende la posible comisión de delitos continuados de estafa, de revelación de secretos, de falsedad documental, contra la Hacienda pública, y de blanqueo de capital.

El Alto Tribunal justifica la decisión de atribuir a la Audiencia Nacional la competencia aludiendo al volumen de perjudicados posibles detectados por la investigación, "no pudiendo residenciarse en el juzgado de Úbeda una instrucción ante un caso como el presente".

Eso es, en definitiva, lo "que conlleva la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional ante la magnitud del escenario de la investigación llevada a cabo y el volumen de posibles perjudicados, además de los ya localizados, que afectan a un importante volumen de provincias".