Condenan a siete hombres por disparar a otro por la deuda que tenía con una organización criminal

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado a siete personas por disparar a un hombre para amedrentarlo con el fin de que pagara lo más pronto posible una deuda que este tenía con una organización criminal.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en octubre de 2020, tres de los acusados estaban en las inmediaciones de una urbanización de Estepona y, "con ánimo de atentar contra la integridad física" de la víctima, la abordaron "y dispararon en el codo y rodilla izquierda".

Además, estos tres procesados robaron a la víctima una mochila que estaba tirada en el suelo y que tenía en su interior unos 1.500 euros. El hombre sufrió heridas de las que curó tras tratamiento quirúrgico y 150 días.

Los otros cuatro acusados se pusieron de acuerdo con los anteriores, "realizando labores de logística, colaboración e ideación para llevar a cabo el atentado contra la integridad física" de la víctima, "quien mantenía un deuda con la organización criminal de la que forman parte, y todo con la finalidad de amedrentarlo, para que pagara la deuda a la mayor brevedad posible".

La resolución del juzgado apunta que los acusados "de forma consciente y organizada forman parte de un grupo criminal para cometer delitos contra la integridad física, concertándose entre ellos para tal fin".

Los acusados han consignado judicialmente cada uno la cantidad de 7.142 euros, lo que hace un total de 50.000 euros, para reparar los daños y perjuicios sufridos por el hombre, por lo que en la sentencia, que se dicta con conformidad de los procesados, se les aplica esa circunstancia que atenúa la pena.

Tres de los acusados son condenados por los delitos de lesiones, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y hurto; a cada uno se le impone tres años de prisión. A los otros cuatro solo se les condena por los dos primeros delitos, imponiéndoles un año y nueve meses de cárcel.

A todos se les suspende la pena durante cinco años. En un caso, se decreta la expulsión del territorio nacional una vez haya cumplido la mitad de la pena prisión, acordándose, igualmente, la prohibición de entrada en territorio español por el plazo de siete años.