La alegría de Matilde se apagó a la par que la vida de su hijo Ángel aquel 23 de octubre de 2020. En menos de un mes, se cumplirá un año desde que un conductor a bordo de un Seat Altea atropellara a su niño, de 17 años, que volvía de acompañar a su pareja por la carretera de acceso a su barrio, Las Castañetas.
El hombre que conducía el vehículo circulaba a más velocidad de la permitida y cuando se entregó al día siguiente dio positivo en al menos una sustancia estupefaciente, por lo que todo apuntaba a que el hombre conducía bajo los efectos de las drogas en el momento del accidente.
Por si eso fuera poco, el individuo tuvo la sangre fría de abandonar a Ángel en el arcén cuando aún estaba vivo y se dio a la fuga. Posteriormente, escondió su vehículo a unos metros del lugar donde ocurrieron los hechos, a la entrada del barrio de Las Castañetas, en Málaga capital.
El individuo se fue a casa a recoger ropa y a llevarse a su familia del barrio, tal y como recuerda la madre del fallecido. "Para eso sí tuvo conciencia y estaba bien, pero para ayudar a mi hijo no", añade. En la misma noche, el coche fue localizado y el sujeto se entregó en comisaría al día siguiente, el sábado por la tarde, donde dio positivo, como decíamos, en al menos una sustancia estupefaciente.
Dos años
Ángel ya no está, pero el individuo que lo atropelló sigue residiendo en el barrio de Las Castañetas, de donde la familia se vio obligada a marcharse para no cruzárselo en su día a día. También tiene el carné de conducir. El fiscal no pidió para él la adopción de medidas cautelares, por lo que quedó en libertad investigado por un presunto delito de homicidio imprudente y, por lo tanto, no se le retiró el carné de conducir.
Casi dos años después, la situación sigue como el primer día y la familia aún no tiene fecha de juicio. Pese a ello, Matilde y los suyos no han dejado de luchar nunca por su pequeño Ángel con un objetivo: hacerle justicia. Hacerle justicia a él y a todas las personas que han muerto o han sido heridos gravemente en un accidente de circulación en España por personas que conducían en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas. Quieren que se endurezcan las penas para estos conductores en el Código Penal. "Lo hacemos también por los que nos quedamos aquí, por el hecho de que a nadie más le pase algo como lo que le ha pasado a nuestros hijos", expresa Matilde, aún nerviosa por lo que ha vivido este martes en Madrid.
La familia de Ángel, así como otras nueve familias más se han personado este martes en el Congreso de los Diputados, organizados por la plataforma de recogida de firmas Change.org. Allí, han presentado casi 700.000 firmas, recogidas a través de la plataforma o de manera física, en defensa de que se endurezcan estas penas en nuestro país.
Amigos y familiares de Ángel se colocaban a la entrada de los recintos que acogieran los partidos del Unicaja y el Málaga o los grandes conciertos de las giras musicales que hacían parada en la capital, como la de El Barrio o la de India Martínez. Allí, trataban de recoger firmas para sumar a malagueños a la causa. Otros amigos y familiares tenían las hojas de firmas en sus negocios para lograr firmas de sus clientes. Con esfuerzo y dedicación han logrado esas más de 30.000 firmas que se suman a las del resto.
Están tranquilos tras haberse reunido con dos diputados del Partido Popular, el valenciano Óscar Camazo y el pacense Víctor Piriz. Los malagueños y el resto de familias se han sentido "escuchados" y aseguran que han visto a los diputados "comprometidos" con la causa. "Han puesto interés y nos han entrevistado uno a uno. Se han comprometido a poner todos los casos sobre la mesa y estudiar la propuesta", comenta Matilde.
La reforma
El interés de estas familias por reformar el Código Penal busca hacer que el accidente de tráfico que se salde con una muerte o un herido grave porque el conductor implicado ha bebido, ha ingerido psicofármacos en exceso o ha tomado estupefacientes sea calificado como homicidio doloso y no imprudente.
Todas las familias se ciñen a la afirmación de que el conductor que se sube al coche en ese estado sabe que no va en buenas condiciones para conducir, pero pese a ello, arranca su vehículo. Piden que estos accidentes mortales sean iguales a otras muertes dolosas donde el culpable tiene penas de entre 9 y 12 años de cárcel en función del caso.
María José Jiménez, otra madre que perdió a su hijo tras ser arrollado por un hombre que iba a más de la velocidad de la debida y después de haber consumido grandes cantidades de alcohol, psicofármacos y varias drogas en Madrid, entregó hace cuatro años junto a tres familias más 300.000 firmas en el Congreso. Como este martes, estuvieron allí debatiendo con algunos políticos, pero solo consiguieron que las penas se elevaran cuando el accidente causara más de un fallecido, algo insuficiente para ella y el resto de familias.
Por ello, han querido seguir luchando y consiguiendo firmas para superar las 500.000. Este es el mínimo de firmas que se deben recoger en el caso de querer transformar una petición en una iniciativa legislativa popular y no depender de un partido que la impulse. Por desgracia, esta vez han tenido que sumarse más familias que en los últimos años han perdido a uno de los suyos.
Todo lo que consiga esta madre malagueña llena de fortaleza y el resto de familias que se personaron este martes en el Congreso será en nombre de Ángel y de todos los que se marcharon injustamente para siempre por las decisiones erróneas de otros.