La aprobación de la Ley de la Eutanasia fue un soplo de aire para muchas personas que temían el final de sus vidas. La normativa ampara a todos los mayores de edad que sufren "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a su autonomía y que le genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
El Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley en marzo de 2021, pero no entró en vigor hasta junio de ese mismo año. Desde ese día, las distintas comunidades autónomas empezaron una carrera irregular para ponerla en marcha. En el caso concreto de Andalucía, por ejemplo, la Junta se retrasó varios meses en la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación, el organismo regional al que le corresponde autorizar las peticiones de eutanasia.
Han tenido que pasar casi dos años para conocer los primeros datos sobre su aplicación. El Consejo de Gobierno del pasado martes dio cuenta del primer informe sobre la ley. Los datos ofrecidos provincializados apenas ayudan a dibujar un boceto sobre la eutanasia en Málaga: según la nota, entre el 1 noviembre de 2021 y diciembre de 2022, 18 personas recibieron la notificación de que su expediente había sido abierto y 144 profesionales se acogieron a la objeción de conciencia.
“Los datos están muy por debajo de la realidad, son escuetos”, afirma Eva Camps, portavoz de DMD Málaga. A su juicio, una de las cosas más reseñables es el número de peticiones aceptadas en Málaga respecto al resto de provincias. En toda Andalucía, fueron 52 los expedientes abiertos: tres de Almería, dos de Cádiz, dos Córdoba, ocho de Granada, cinco de Jaén, dos de Huelva, ocho de Sevilla y 18 de Málaga.
De ellos, se desconoce cuántos finalmente recibieron la ayuda para morir. Esta asociación ha atendido siete solicitudes durante el último año, pero no todas han llegado al final.
Entre los que inician el proceso, afirma Camps, hay muchos que acaban falleciendo, otros cuya solicitud no llega a la Comisión porque desistan cansados del trámite burocrático o porque se arrepientan.
Según la experiencia que acumulan trabajando en toda Andalucía, lo más complicado es conseguir tramitar una solicitud. “Es muy difícil. La gente llega a su centro de salud, le plantea a su médico o a su médica que se plantea la opción de pedir ayuda para morir y se encuentra con un muro”. En varios casos, asegura Camps, DMD ha acabado recurriendo ante la Comisión para que esas personas consigan un médico responsable.
Los profesionales sanitarios están obligados a atender cualquier solicitud, tanto si son objetores como si no. En ese punto, esta se remite al director o jefe de servicio que debe encargarse de buscar un médico responsable que atienda al paciente.
En este punto, pone como ejemplo los problemas que están recibiendo de varias personas mutualistas que quieres solicitar la eutanasia. “Hay gente de Muface han desempeñado su vida en el sistema público y ahora se encuentra con que no le atienden ni el sistema público ni el privado”. La ley recoge que tanto los centros públicos como los privados y concertados deben atender el derecho a la eutanasia.
“El problema fundamental de Andalucía es que no se ha dotado de infraestructura ni de recursos que ayuden a los médicos ante una solicitud de eutanasia. En muchos casos, no es la voluntad de los sanitarios lo que falla, sino la desinformación”, explica.
De forma similar ocurre con el testamento vital, “algo que tenemos legislado desde hace muchísimos años, pero no hay formación a profesionales ni a la ciudadanía”. “Si algo que tenemos desde 2003 todavía eso no funciona bien, imagina con la eutanasia que lleva un año y medio de valores, está como en pañales”, añade.
A su juicio, faltan “referentes, voluntad política, formación a los profesionales, información y un poquito de empatía, de acompañamiento, de compasión” para que la ley empiece a rodar sin problemas.