El plan del Gobierno de delimitar espacios en los que el precio de la vivienda se encuentra desbocado para ponerle coto afecta al 62% del territorio de Málaga y al 94% de su población. El mapa de las llamadas ‘zonas tensionadas’ recorre desde la almendra de la capital hasta pueblos del interior de la provincia como Alcaucín, según el informe elaborado por consultora Atlas Real Estate Analytics a partir de herramientas de data science.

Según la Ley de Vivienda a la que el Congreso de los Diputados dio este jueves su visto bueno, las ‘zonas tensionadas’ serán competencia de las comunidades autónomas, por lo que tendrá que ser la Junta de Andalucía la encargada de dar el visto bueno en cada caso.

Además, deberán cumplir al menos uno de los dos requisitos establecidos por el Gobierno central: que el porcentaje de renta que una unidad familiar destina pagar el alquiler anual sumado a los gastos y suministros supere el 30% de la renta media de los inquilinos o que la evolución de los precios de la zona haya superado en 3 puntos porcentuales el IPC de los últimos 5 ejercicios.

Estos dos criterios, según el estudio de Atlas, se cumplen en buena parte de los distritos postales que analiza del territorio malagueño. De los 164 distritos postales que aparecen reflejados en el informe, 102 cumplen con los dos parámetros y 154 con al menos uno de ellos (98 con el esfuerzo económico y 56 con la subida continuada de los precios).

Llama la atención especialmente casos como el de Benahavís, donde los 4.292 hogares que recoge el informe tienen que destinar al pago del alquiler y gastos 2.889 euros, un esfuerzo medio de su renta del 139,85%. A eso se suma un incremento del precio de arrendamiento del 67,98% en los últimos cinco años.