La grancanaria Elena Navarro Hernández tenía 25 años y una bonita vida por delante como trabajadora social. El 21 de julio de 2022, moría tras ser arrollada por un tren de cercanías, mientras cruzaba con su coche un paso a nivel sin barrera, en el municipio malagueño de Álora, donde llevaba apenas un mes trabajando. Iba a ver a una amiga.

El suceso tuvo lugar al filo de las 21.30 horas, a la altura del kilómetro 158+137 de la carretera A-7077, que une Álora con Pizarra. Varios alertantes avisaron al 112 avisando de que una persona había quedado atrapada en el interior de su coche tras sufrir un accidente con el cercanías, pero la realidad es que a su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de Elena, que había sido arrastrada con su vehículo por la locomotora durante más de cien metros.

Casi un año más tarde, su madre, Conchi Hernández, ha roto su silencio para denunciar la escasez de información y la falta de sensibilidad que diferentes organismos e instituciones han tenido con ella y su familia después de tratar de ahondar en lo que ocurrió tras el accidente que acabó con la vida de su hija.

Según expresa Conchi, el medio La provincia publicó el 25 de julio de 2022 una información en la que expresaban que el alcalde de Álora, Francisco Martínez, llevaba "tiempo solicitando que se instalen barreras, pero que dicho paso a nivel cuenta con 'bastante visibilidad'". Sin embargo, repasando lo que el resto de los medios de comunicación publicaron sobre el accidente mortal de Elena, encontró que el diario NIUS habló con varios vecinos de la zona asegurando estos que tenían constancia de la nula visibilidad del paso y que "sabían que podía pasar" una desgracia como la acontecida.

¿Cómo se puede debatir si algo tiene o no visibilidad?, se debieron preguntar los familiares de Elena, quienes no dudaron en trasladarse al lugar del siniestro para conocer la verdad. "Ante nuestro asombro, vemos que el paso a nivel sin barreras cuenta con un semáforo torcido y cubierto con una capa de polvo de hace más de cincuenta años detrás de una curva cerrada con una distancia de menos de ciento cincuenta metros entre la curva y dicho paso a nivel, en donde los trenes pasan a 100 km/h. Si esto fuera poco, entre el paso a nivel y la curva hay una casa a escaso metro y medio de las vías que impide completamente la visibilidad de esos 150 metros que separan la curva de dicho paso", relatan.

Conchi veía que las instituciones no actuaban, así que decidió ponerse a investigar por su propia cuenta llevando a cabo algunas pesquisas. "Ahí descubro que en el año 2005, la ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez, presentó el Plan de Seguridad en pasos a nivel y ya en el año 2006 el Ministerio de Fomento adjudicó a la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting S.L. la redacción de los proyectos de supresión de seis pasos a nivel en la línea Córdoba-Málaga, entre los que se encontraba incluido el paso a nivel donde falleció Elena", explica la madre de la fallecida.

Insiste en que en abril de 2009, ya ADIF incoa un expediente expropiatorio para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras pertinentes para la supresión del paso a nivel 158,165 de la línea ferroviaria Córdoba-Málaga, donde falleció su hija. "Ya se afirmaba en esas fechas que el proyecto básico había sido debidamente aprobado y se señaló mayo como fecha para las actas previas de ocupación. ¿Qué ha pasado con este dinero? Hablamos de más de seis millones de euros ¿Por qué no se terminaron las obras?", lamenta.

Lejos de darse por vencida, Conchi solicitó, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de España información sobre el decreto que dictaba que esos terrenos y algunas casas iban a ser expropiadas en 2009 para eliminar estos pasos a nivel. La respuesta que recibió, según su versión, es que después de más de doce años, “dicho estudio se encuentra en la actualidad en fase de elaboración y revisión”, además de adjuntar un plano en donde afirman que la citada vivienda no pertenece a ADIF sino al Ayuntamiento de Álora.

Una declaración

El caso de la muerte de Elena, según relata Conchi, se intentó cerrar con la declaración del maquinista del tren, quien explicó que el coche estaba en medio de la vía y nada pudo hacer para evitar el desenlace fatal. "A pesar de esta afirmación tan poco objetiva, el equipo de atestados de Antequera no realizó ningún informe pericial la madrugada del 22 de julio cuando se personaron. Ante las protestas de amigas y compañeros de mi hija por dicha afirmación del maquinista, el equipo se volvió a desplazar al lugar del accidente… ¡el 25 de julio! Es decir, cuatro días después del siniestro", critica.

De la misma forma, Hernández y su familia no terminan de entender lo que les comentó la Benemérita: "El día del accidente no se realizó la prueba de alcoholemia ni al maquinista ni a la fallecida, como es prescriptivo. Por si fuera poco, la Guardia Civil nos aseguró que en un mes recibiríamos el informe pericial y nueve meses después aún lo estamos esperando".

Pero detrás de todas las gestiones, declaraciones y burocracia, los padres y la hermana de Elena, ante todo, son personas. En este sentido, los tres lamentan el trato que tuvieron con ellos en los días que pasaron en Málaga para arreglar los trámites. "No recibimos ni un triste pésame del alcalde de Álora, literalmente se escondió de nosotros", espeta. Tampoco están conformes con la actitud del representante superior de la Guardia Civil que se iba a encargar de entregar los efectos personales de su hija cuando sucedió el accidente. "No tuvo la deferencia de esperarnos a la hora citada y “salió a tomar un café”; nos los entregó un subalterno en un sobre de plástico a través de una ventanilla con reja. En momentos tan duros para nosotros, recibimos nula asistencia, información o asesoramiento en Málaga", reconoce. Según cuenta, ninguna administración les ofreció ayuda sobre dónde y cómo desplazarse.

Más allá de ello, el golpe más duro, tal y como relata Conchi, es que el Instituto de Medicina Legal de Málaga no les permitiera reconocer ni despedirse de Elena, a pesar de que esa era su "voluntad", asumiendo lo difícil que iba a ser ese momento para toda la familia.

El 31 de diciembre, otro caso

Después de la muerte de Elena, el día de Nochevieja, otro conductor falleció en un suceso similar en Lérida tras ser arrollado su vehículo por un ferrocarril. La diferencia, según indica la madre de Elena, es que en este caso Protección Civil activó en fase de alerta el plan Ferrocat; es decir, el Plan de Emergencias en Transporte de viajeros por Ferrocarril para identificar las deficiencias ferroviarias; y los Mossos abrieron de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

"En el caso de mi hija no tenemos constancia de que se haya llevado a cabo un plan de emergencias ni que la Guardia Civil haya abierto una investigación. Puede que la razón esté en que mi hija no era vecina del lugar o porque los canarios somos ciudadanos de segunda. No sólo nos dejan fuera de la subvención del transporte ferroviario, sino que nuestros accidentados no merecen ninguna atención", apunta.

"Con este esclarecimiento, lo que deseamos es que estos trágicos accidentes puedan evitarse y no vuelvan a ocurrir", insiste Hernández, dolida por el trato recibido en los últimos meses. "A lo que sentimos por la pérdida de nuestra querida hija se va uniendo con el paso de los meses la indignación por el trato recibido: tanto por ella, en su derecho a que se esclarezca la verdad de las circunstancias y posibles negligencias; como su familia, por la falta de humanidad y profesionalidad de los agentes implicados", zanja.