Ser propietario de una vivienda junto a una piscina se ha convertido en un privilegio al que no todos los mortales tienen acceso. Y pese a las bondades que tiene bajar a darse un chapuzón cuando el calor del verano aprieta más, el uso que se hace de las piscinas se ha convertido en uno de los principales motivos de disputa entre vecinos.

Una afirmación que si bien es aplicable al conjunto del territorio nacional, tiene una contundente extrapolación en una provincia como Málaga, donde son miles los edificios y urbanizaciones que completan su oferta residencial con este equipamiento y donde el calor enciende aún más si cabe el ánimo de los residentes.

De ello son conocedores los administradores de fincas, fieles testigos de hasta qué punto, con el arranque de la temporada estival, la piscina se convierte en un verdadero "dolor de cabeza". Y ello porque por más que los estatutos de las comunidades recogen una amplia letra pequeña para ordenar el uso y disfrute de esta zona, son muchos los que pasan de ella.

La problemática se ha incrementado desde el año pasado, cuando entró en vigor la reforma del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) por la Ley 10/2022 que habilita a las comunidades a prohibir el uso de la piscina, la pista de pádel o cualquier otra instalación no esencial a los propietarios morosos. 

Un asunto que, como confirma la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Marisa Mandly, "está causando problemas". En especial ante aquellos residentes que sí cumplen con sus obligaciones pecuniarias, abonando religiosamente sus cuotas. 

Pese a que la norma es clara, la pregunta es: "¿Quién controla que los morosos no accedan a esos espacios?" Según Madly, a priori, el control es sencillo en aquellas comunidades que disponen de control de acceso a las piscinas.

"En esos casos somos los propios administradores los que vamos activando o desactivando las fichitas que hay para entrar, pero hay comunidades en las que se sigue accediendo con una llave", precisa. 

Y es en estos inmuebles donde "nos encontramos con verdaderos problemas". "Lo que hacen los vecinos es llamar al presidente, que solo puede intermediar; si el propietario que debe cuotas de buenas no quiere salir del recinto, no se le puede sacar a la fuerza", añade, indicando que la intervención policial sólo se plantea cuando se produce algún altercado.

"Lo que no puede hacer es entrar al recinto a reclamarle al vecino que debe dinero". Una variable del conflicto vecinal es el de los niños pequeños. "El propietario puede ser moroso, pero su hijo qué culpa tiene; hay bastantes conflictos", indica.

La vicepresidenta del colectivo profesional resta gravedad al asunto. Aunque eso no evita que, por lo que relatan diferentes administradores, hayan sido testigos de "conflictos importantes generados por el tema de la piscina”.

Más allá del propio uso de la piscina, Madly confirma que todos los veranos los correos de los administradores se llenan con quejas por parte de vecinos que tienen sus terrazas colindando con la zona de piscina. "Todo eso está recogido en un reglamento", recuerda.