La Audiencia de Málaga tiene previsto que un jurado popular vuelva a juzgar desde este lunes, 23 de octubre, al exmarido de Lucía Garrido, mujer cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la piscina de su finca en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, y a otro hombre por el asesinato de esta, ocurrido en 2008. El fiscal pide 25 y 23 años y medio de cárcel, respectivamente.

Así lo han informado fuentes judiciales, apuntando que el juicio se fijado hasta el 7 de noviembre. La previsión, según las fuentes, es que el lunes se celebre la selección de los miembros que formarán el Tribunal popular y que las partes --acusaciones y defensas-- expongan sus informes iniciales. Inicialmente, las declaraciones de los acusados comenzarían el martes.

Este juicio por el asesinato de esta mujer se vuelve a celebrar después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó celebrar una nueva vista oral para dos de los cuatro acusados y mantuvo la absolución dictada para los otros dos, que son guardias civiles.

En septiembre de 2019, cuatro personas fueron juzgadas por el asesinato de la mujer, en concreto su expareja y dos guardias civiles, como presuntos autores intelectuales; así como un cuarto hombre como supuesto autor material. El jurado los declaró a todos no culpables, al no dar fiabilidad a la declaración grabada del testigo protegido y dudas sobre el ADN hallado en una llave.

Tras esto, el alto Tribunal andaluz acordó repetir el juicio contra el presunto autor material y la expareja de la víctima, al detectar un defecto grave de forma, ya que en dos puntos del objeto del veredicto, el jurado no alcanzó las mayorías legales para declararlo probados o no probados. El Supremo ratificó posteriormente esta decisión de repetición de la vista oral.

Tras abrirse juicio oral esta vez solo contra estos dos acusados, la Fiscalía modificó el pasado año su escrito de acusación de 2018, acusando ahora solo a estos dos procesados, en concreto a la expareja en calidad de cooperador necesario y al otro, como supuesto autor directo de la muerte.

La mujer fue encontrada en 2008 en la piscina de la vivienda en la que residía con su hija y en la que había vivido hasta dos años antes la expareja; un recinto que estaba vallado y tenía jaulas e instalaciones "idóneas para los negocios que desempeñaba el acusado, relacionados con la cría de animales de compañía y custodia de animales exóticos", señala el nuevo escrito del fiscal.

Según este documento, "bajo ese tinglado se solapaban actuaciones ilícitas que también eran organizadas o dirigidas por el acusado", tales como "el tráfico de ilícito de especies de fauna protegida o la ocultación de drogas que le eran confiadas por organizaciones de delincuentes", asuntos que no se analizarán en este caso.

Además, señala esta acusación, el hombre "maltrató a Lucía durante la relación personal". Al separarse, el hombre siguió con derecho de acceso y uso de las instalaciones que no fueran la vivienda familiar.

Para la Fiscalía, la mujer "se convirtió en testigo directo y presencial de las actividades lícitas e ilícitas" de su expareja, que no confiaba en ella y "como temía que le denunciara, intentó desalojarla de la vivienda para ocuparla él con su nueva pareja", oferta que la víctima rechazó, además de fracasar las acciones judiciales.

"Una auténtica amenaza"

La situación de "gran tensión" y "enemistad" entre ellos creció, de modo que, supuestamente, "Lucía dejó de ser una testigo incómoda para convertirse en una auténtica amenaza para la impunidad de las operaciones ilícitas que seguían desarrollándose en la finca, en particular la guardería de droga", señala el ministerio fiscal en sus conclusiones provisionales.

Así, el escrito inicial de la acusación apunta que entonces "alguien del entorno delictivo" del hombre "propuso una solución drástica, consistente en acabar con la vida de Lucía"; un plan que, según el fiscal, "fue urdiéndose desde finales de marzo de 2008, cuando varias personas mantuvieron un encuentro en Torremolinos, entre las que estaría, presuntamente, el otro acusado.

Este habría recibido "a través de individuos desconocidos una oferta económica para matar a Lucía Garrido, propuesta que él aceptó", dice el documento, apuntando que el exmarido "no acudió a esa reunión, tampoco conocía al otro, pero propició y consintió su contratación como sicario, sabiendo que atentaría contra la vida de la mujer".

Posteriormente, a través de "contactos con él de forma directa o a través de terceros", señala la acusación pública, el exmarido prestó, supuestamente, "ayudas decisivas para la planificación, preparación y ejecución del crimen"; de forma que presuntamente "informó al sicario de las costumbres y movimientos de la mujer y sostiene que "le facilitó una copia de la llave de la puerta".

Para el fiscal, supuestamente, la expareja fue informada de que el crimen iba a producirse entre el 28 y el 30 de abril "por uno o varios individuos" que sorprenderían a la mujer "desprevenida e indefensa" en la casa; además, "dio su aprobación al plan".