Andalucía da un paso de gigante para agilizar los trámites de los proyectos urbanísticos

La Junta de Andalucía da una nueva vuelta de tuerca en su apuesta por simplificar los ingentes trámites administrativos a los que se enfrentan numerosos proyectos urbanísticos en la región. Una decisión que, a la espera de ver acontecimientos, debe tener un impacto mayúsculo sobre la provincia de Málaga, gran referente inmobiliario.

En este contexto, son especialmente relevantes las variaciones que se introducen para aligerar las autorizaciones ambientales, uno de los grandes cuellos de botella a los que se enfrentan los procedimientos urbanísticos. El movimiento de la Junta va a permitir, según sus datos, que el 40% de las autorizaciones ambientales unificadas se resuelvan de forma simplificada.

Entre las medidas más destacadas se encuentran la actualización de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), se agilizan trámites, se adapta el marco normativo completo (también del sistema de autorizaciones ambientales) y se implanta un modelo de ventanilla única para las tramitaciones ambientales. 

De hecho, se pone en marcha la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) para un total de 58 actividades que ahora sólo necesitarán un pronunciamiento y a la que se acogerán, al menos, el 40% de los expedientes ambientales que conllevan autorización lo que, a la postre, se traduce en evitar los temidos cuellos de botella que retrasan y entorpecen.

La Autorización Ambiental Unificada (AAU) pasa de integrar 48 autorizaciones sectoriales a 16, se mejora la actual Autorización Ambiental Integrada (AAI) que integra 15 autorizaciones sectoriales cuando antes era 23, y se habilita el inicio de actividad con la presentación de una Declaración Responsable del Promotor, que sustituirá a la certificación acreditativa del director de la obra.

"Con todo ello se mejora la tramitación del transporte metropolitano, los desarrollos urbanísticos, los proyectos de polígonos industriales y las obras promovidas en los decretos de sequía para dotar a la región de depuradoras de aguas residuales con terciario", destacan desde la Administración regional, incidiendo en que estas acciones reducirán plazos de ocho a cinco meses.

Y las instalaciones de desalación y las instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas de cara a favorecer el sector agropecuario y la agroindustria verán reducidos los plazos de tramitación de seis a cinco meses.

En materia de Patrimonio Histórico, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. La previsión es que unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.

Objetivos del decreto

El acuerdo alcanzado este martes por el Consejo de Gobierno andaluz incluye un paquete de medidas con el que se pretende "luchar contra el exceso de burocracia". El decreto ley modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reducirá un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. 

Además, recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación. El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración.

El Plan AS es el mayor paquete de simplificación que ha abordado nunca una administración en España y engloba todas las medidas pensadas para mejorar la vida de los ciudadanos, además de para facilitar la actividad empresarial y la llegada de inversores a Andalucía.

En otro orden de cosas, la nueva norma va a hacer que en el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduzca de los 555 días de media actuales a un máximo de 180 días. Además, la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía. Mejora también la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. 

De forma general, con este decreto ley se amplían significativamente los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables, pero siempre garantizando la seguridad y el control en los procesos. De hecho, se establece un régimen sancionador general y aplicable a toda la administración, que sirva para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.

En materia sanitaria, se mejora el procedimiento de evaluación de impacto en la salud con el fin de aclarar y establecer de forma eficiente qué instrumentos se someten a informe, eliminando algunos, se facilita la emisión en un menor plazo y se reasignan de forma eficiente las competencias, de manera que, la firma de los informes corresponde a las personas titulares de las ocho delegaciones territoriales.