La anulación del megaproyecto de deportes extremos y naturaleza promovido en Coín, que ha despertado un importante nivel de contestación social y político, podría obligar al Ayuntamiento de la localidad a tener que compensar con casi 63,5 millones de euros a los propietarios de los terrenos y promotores de Transcendence. Un valor de partida, dado que sólo recoge la valoración de los suelos (tasación del pasado mes de marzo), sin incluir otros gastos, intereses y el coste de oportunidad. 

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga varias fuentes consultadas. El desarrollo planteado podría suponer una inversión cercana a los 300 millones de euros. Esta repercusión patrimonial se pone sobre la mesa después de que en los últimos meses hayan sido objeto de debate varias mociones por parte de los grupos de la oposición contrarias a esta operación.

La propuesta se ha formulado mediante dos vías. Una de ellas con la petición por parte de Unidas Podemos para que los terrenos sobre los que se planifica el complejo deportivo y turístico sean delimitados como parque periurbano, perdiendo de ese modo su condición de urbanizable. La otra es con la petición del PSOE de realizar una consulta popular para que sean los vecinos los que decidan el futuro de ese espacio.

En este escenario, los promotores de la actuación, ARD Investment & Development, se han querido curar en salud y disponen de un informe jurídico que concluye que cualquier alteración de las actuales condiciones urbanísticas del sector obligaría al Consistorio a tener que asumir una millonaria responsabilidad patrimonial. Un documento que ya tienen en sus manos los grupos municipales.

Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta de ese análisis jurídico, elaborado por la firma Andersen Tax, es que tras varios cambios en los diferentes planeamientos municipales, el sector "ha alcanzado la categoría de suelo urbano, pendiente de consolidación".

Una posición avalada por el hecho de que el propio plan general de la localidad ya autoriza la ejecución de dos campos de golf, así como de 900 viviendas. Sin embargo, el grupo promotor busca ahora impulsar una operación con mucho menos impacto, al dibujar 510 alojamientos eco-turísticos en régimen hotelero, sin posibilidad de venta.

Esto hace que la incidencia física sobre los casi 1,3 millones de metros cuadrados de la parcela seleccionada sea muy inferior al planteamiento original. En concreto, la edificabilidad potencial baja un 40%, al tiempo que se plantea que las instalaciones ocupen menos del 9% del sector. Y ello dando cabida, entre otras zonas, a un centro holístico y recuperación física y un espacio para celebrar eventos globales con entre 500 y 1.000 asistentes. 

Miedo por el agua

El principal temor por parte de los colectivos que se oponen, está relacionado con la incidencia que puede tener sobre el consumo de agua y el acuífero existente bajo Sierra Blanca. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Coín, que de inicio ampara la propuesta, tuvo que activar el pasado verano limitaciones en el uso del agua con el objetivo de reducir el consumo un 20%.

ARD Investment & Development dispone de informes especializados que avalan la operación y minimizan el impacto sobre el consumo. De hecho, según estos trabajos, la demanda de Transcendence sería de 4,78 l/s, con un consumo anual medio de 150.700 metros cúbicos, que alcanzaría picos de 171.400.

Sobre el particular, se remarca que cualquier cambio de la actual ordenación urbanística "da derecho a indemnización en cuanto supone la pérdida de los derechos consolidados, concedidos conforme a resoluciones dictadas por la misma Administración que ahora pudiera cambiar de criterio".

Y en esta línea añade: "La situación de conflicto que se ha analizado nos induce a concluir que existen razones objetivas y de Derecho que justifican la existencia de una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento de Coín, frente a Natural Call Iniciatives, S. L., propietaria de los terrenos que constituyen el Sector de planeamiento SUNP-5 Llanos del Nacimiento".

Actualmente, este gran proyecto se encuentra pendiente de disponer de todos los parabienes ambientales por parte de la Junta de Andalucía. La demora en la emisión de los mismos puede alterar las previsiones iniciales de la empresa, que confiaba en que pudiera estar en marcha y funcionando a lo largo de 2027. 

En caso de prosperar la iniciativa, está llamada a convertirse en un verdadero atractivo turístico en el entorno del Valle del Guadalhorce. Los datos iniciales apuntan que cada año podrían pernoctar en estas instalaciones 185.000 visitantes.