A menos de 24 horas de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se reúna con la Junta de Andalucía y con alcaldes de diferentes municipios de la Costa del Sol, el Gobierno central tiende la mano a “llegar al mayor número de acuerdos” con el objetivo de “mejorar la vida diaria de los vecinos”.
Según ha informado el Ministerio de Transportes a través de un comunicado, el Gobierno central, en colaboración con la Junta de Andalucía, quiere “abrir un espacio que busque soluciones a las necesidades futuras de movilidad de los municipios de la Costa del Sol".
Por tanto, buscan “el diálogo y el consenso” para “llegar al mayor número de acuerdos y a la mejor solución para mejorar la vida diaria de los vecinos, siempre desde la máxima lealtad institucional con las administraciones implicadas”.
De igual forma, sostienen que este Ministerio ya está trabajando con la administración andaluza y los diferentes Consistorios para que este encuentro “sea el inicio de un diálogo que ofrezca respuestas concretas a los problemas de movilidad de los vecinos y vecinas de todo el corredor de la Costa del Sol”.
El primer objetivo de este encuentro, que se marcó hace unas semanas, es explorar la viabilidad social, económica y ambiental del tren a Marbella y Estepona. Cabe destacar que es la primera vez en la que se va a dialogar sobre este tema, después de que se pusiera sobre la mesa a principios del pasado mes de febrero por el alcalde, Francisco de la Torre, con el apoyo del presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz.
Por otro lado, también se suma a esta reunión las declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, sobre la posibilidad de anular el pago de la autopista de peaje de la Costa del Sol, AP-7, tal y como han hecho en Alicante.
Asimismo, Puente aseguró que el caso de la autopista AP-7 en la Costa del Sol "es completamente diferente al de la AP-7 Circunvalación de Alicante, dado que se trata de una autopista de peaje con un régimen de gestión privado a través de contratos de concesión entre la sociedad concesionaria y la Administración General del Estado".