Al alcalde de Valle de Abdalajís, José Romero, se le oye resignado, con el cansancio propio de quien por más que lo intenta no encuentra respuesta a sus demandas. Lleva dos años con la vara de mando en sus manos, dos años en los que ha sido incapaz de que las administraciones encuentren una solución al problema de abastecimiento de agua que sufren sus vecinos desde 2005.
Cuatro camiones cisterna siguen recorriendo a diario los cerca de 23 kilómetros que separan al Valle de Antequera. En cada porte, 25.000 litros que son descargados en los depósitos de una pequeña localidad que, como dice su regidor, se vacía poco a poco.
En total, según enumera, unos 450.000 litros diarios. Las cuentas asustan. En todo este periodo, unos 2.900 millones de litros de agua transportados. O lo que es lo mismo, el agua que cabe en 860 piscinas olímpicas.
Y pese a lo elevado de la cifra, Romero ya alerta de que con el inicio del verano empieza a haber barriadas que se quedan sin líquido suficiente para atender sus necesidades. "Estamos cubriendo como podemos, improvisando", confiesa.
El origen del problema se remonta a hace 16 años, cuando la tuneladora que estaba construyendo uno de los túneles del trazado del AVE pinchó el acuífero del que hasta ese momento bebía el municipio. Una fuente de agua que hacía que históricamente este municipio fuese conocido como "villa de manantiales".
"Hemos pedido a Adif que refuerce el servicio que está prestando", explica el alcalde. Un suministro que desde principios de año está en los tribunales. La decisión inicial adoptada por el juez fue la de asumir las razones aportadas por el Ayuntamiento, obligando a Adif a seguir aportando el agua pese a que el organismo estatal da por concluido el convenio que firmó en su día con el Consistorio.
La situación es del todo "incomprensible" para el regidor. "Que el Gobierno no dé orden y que Adif abandone así a un pueblo", lamenta. En los más de tres lustros ya transcurridos desde el pinchazo del acuífero nadie ha sido capaz de hallar el modo de llevar agua al Valle de manera normalizada. "Propuse hacer una tubería para traerla desde Antequera, cuyo ayuntamiento estaba de acuerdo", señala como una de las opciones manejadas.
"Siempre hemos dicho que esto de los camiones tenía que ser temporal; quién va a querer camiones continuos en una carretera de montaña", afirma. Pero la situación se complica para esta localidad ante la negativa del ente estatal a seguir adelante con estas actuaciones. De hecho, Adif arguye que desde que tuviese lugar el incidente en las obra del AVE hasta ahora ha gastado caso 27 millones de euros en actuaciones.
Una respuesta del todo insuficiente para Romero. "Quién dice lo que vale un acuífero que solo tenía el Valle de Abdalajís; todo esto ha ralentizado la economía del pueblo, el trasiego de los camiones nos destroza las carreteras; cuándo vale lo que la gente del Valle sufre por la falta de agua", sentencia.
"Estamos perdiendo población"
Según cuenta, los vecinos "están indignados, se sienten abandonados por el Estado". "En los 20 kilómetros cuadrados que tiene el municipio pasa un oleoducto, un gasoducto, líneas e alta tensión, pero no tenemos ninguna ventaja", se queja. "Estamos perdiendo población y sin futuro", añade.
De acuerdo con sus números, en 2005 la localidad acogía a unos 3.000 habitantes; ahora son del orden de 2.500. "Si estás un día aquí y no te puedes duchar la gente prefiere irse a a Antequera, donde no tiene problema de agua", apunta.
Frente al lamento del alcalde la posición de Adif que da por más que cumplida la deuda contraída con el municipio. Un documento remitido por el organismo estatal concluye que desde 2007 ha invertido del orden de 26,6 millones de euros en la zona, incluyendo unos 10 millones en el suministro de los camiones cisterna.
Una partida que también incluyó obras de emergencia para la impermeabilización del túnel, sondeos de reconocimiento, detección de otros acuíferos y la construcción de una depuradora y seis depósitos de agua.
Para el alcalde, una solución definitiva habría venido de un nuevo sondeo en la zona de Pozos Altos, en la misma traza del túnel, pero finalmente tanto la Junta de Andalucía como el propio Gobierno denegaron la obra necesaria por su impacto ambiental.