Estepona retirará del cargo de funcionario al policía condenado por agresión sexual a una joven

El Ayuntamiento de Estepona toma una decisión drástica sobre uno de los dos agentes de la Policía Local condenados por abusar sexualmente de una joven de 18 años. Y en este sentido ha comunicado su decisión de "privar definitivamente" del cargo de funcionario municipal al operario una vez pase el plazo de inhabilitación especial para empleo y cargo público dispuesto en la sentencia que acaba de ser dictada.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Estepona inició nada más conocerse los hechos un expediente disciplinario y decretó la máxima medida administrativa que se podía adoptar en estos casos, con la suspensión de empleo y sueldo.

La determinación afectada por igual a los dos agentes implicados en los hechos. No obstante, desde el Consistorio esteponero se recuerda que uno de ellos estaba en comisión de servicio cuando sucedieron los hechos. La misma no fue renovada, acabando así el vínculo que tenía con la Jefatura de la Policía y trasladándose la continuidad del expediente a su Jefatura de origen.

Respecto del otro agente, se informa de que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, que, según se precisa en la nota, ha sido desestimado en "reiteradas ocasiones". "En enero de 2020 el citado juzgado dio por terminado dicho procedimiento sin que exista ya posibilidad de recurso para el agente", se indica.

El Ayuntamiento de Estepona, se precisa, ha ido adelante con esta medida administrativa "en el convencimiento de la necesidad de defender y velar por el deber del ejercicio del servicio público a la ciudadanía".

La reacción del Consistorio se produce después de que este miércoles se conociese el detalle de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, que condena a los dos agentes a dos años de prisión por la agresión cometida sobre la joven de 18 años. Pese a ello, ambos evitarán la cárcel tras el acuerdo que han alcanzado la Fiscalía y la acusación particular con la condición de someterse a un programa de educación sexual e indemnizar a la víctima con 80.000 euros.