Inundabilidad en Málaga: rechazo del Ayuntamiento y polígonos industriales a los nuevos mapas

La polémica provocada por los nuevos mapas de inundabilidad aprobados por la Junta de Andalucía y el impacto que los mismos tienen sobre una gran extensión de suelos en Málaga capital sigue creciendo. 

Las críticas expresadas en las últimas semanas quedan ahora confirmadas en la formulación de varias decenas de alegaciones por parte de los colectivos damnificados. Entre ellos buena parte de los polígonos industriales de la capital, así como la asociación que los engloba, Apoma, y el propio Ayuntamiento.

El movimiento del Consistorio tiene particular simbolismo por estar gobernado por una coalición integrada por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), las mismas formaciones que están al frente del Ejecutivo andaluz, responsable de la última revisión del riesgo de inundabilidad de la Cuenca Mediterránea, más restrictiva.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha defendido el paso dado tras comprobar una importante ampliación en los terrenos que se ven afectados por los periodos de retorno a 100 y 500 años, incidiendo de manera especial sobre la zona del río Guadalhorce.

Entre las razones esgrimidas por el Ayuntamiento para ir adelante con la formulación de sus alegaciones destaca la "falta de respuesta a las cuestiones alegadas en la primera fase del proceso de revisión", así como la falta de datos técnicos que avalen los Mapas de Peligrosidad y Riesgo finalmente obtenidos.

Los empresarios industriales advierten con reclamaciones patrimoniales a la Junta si mantiene los actuales mapas de inundabilidad

Al tiempo, el Consistorio aduce la existencia de "discordancias/deficiencias detectadas" en los citados mapas de peligrosidad, de riesgos y en el calibrado del modelo hidráulico utilizado. 

Por ello, reclama una revisión de los criterios empleados a la hora de aplicar el decreto de evaluación y gestión del riesgo de inundabilidad. Y en la misma medida, solicita "la actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo paralelamente a la ejecución y medidas correctoras que se realicen".

También subraya la "reponsabilidad de las Administración Estatal y Autonómica por inaplicación de los programas de medidas establecidos en los respectivos planes hidrológicos".

Un aspecto en el que coinciden con los empresarios de los polígonos industriales, que vienen pidiendo desde hace tiempo la necesidad de ajustar el riesgo de inundabilidad a las actuaciones que ya se ha comprometido a ejecutar la Junta sobre el río Guadalhorce. Las mismas, valoradas en casi 9 millones de euros y un plazo de 16 meses, se encuentran actualmente en fase de licitación, pendientes de ser adjudicadas.

Desde Apoma han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga la presentación de alegaciones por parte del organismo ("un documento de 28 páginas, muy bien argumentado desde el punto de vista jurídico"), a las que hay que sumar las que de manera individual han presentado polígonos como Guadalhorce, Santa Teresa, San Luis, El Viso… 

Uno de los aspectos relevantes de la alegación empresarial es que incluye una advertencia clara a la Administración regional, en el sentido de vaticinar posibles reclamaciones patrimoniales en el supuesto de que los mapas sean aprobados con la versión actual. "Hay que tener en cuenta que los propietarios de los suelos ya hicieron sus deberes urbanísticos en su momento", han recordado.

De acuerdo con los datos manejados por la Junta, el desarrollo de estas intervenciones hará posible la ampliación de la capacidad de desagüe del Guadalhorce, rebajándose la huella de suelo inundable. En concreto, las más de 1.000 hectáreas inundables que existen en la actualidad disminuirán hasta 427.

Las obras previstas permitirían rebajar de 1.000 a 427 las hectáreas con riesgo de inundabilidad en el entorno del río Guadalhorce

El plan previsto incluye el recrecido de la margen izquierda de los arroyos Prado Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringe en su confluencia con el encauzamiento del río Guadalhorce, y el acondicionamiento a su estado original del encauzamiento en el entorno del ferrocarril de Cercanías Málaga-Fuengirola, con la retirada de acopios de material.  

A estas hay que agregar la restauración del cauce de aguas bajas a las condiciones del proyecto original; el rebaje del cauce de aguas altas en las cercanías del puente de la MA-21, apertura total del segundo arco de avenida de la margen izquierda y la modificación de las tuberías de impulsión de la zona oeste de Málaga y Torremolinos bajo el puente de la MA-21; el recrecimiento de las motas del encauzamiento del Guadalhorce aguas arriba del puente de la MA-21; y el recrecimiento del encauzamiento del arroyo de las Cañas en su parte final.

Todas estas acciones son alternativas a la construcción de un nuevo puente sobre el Guadalhorce, que vendría a sustituir al actualmente existente a la altura de la Azucarera, ampliando la capacidad de desagüe en caso de una gran avenida. Su ejecución requiere de un esfuerzo económico muy superior a lo ahora planteado. En concreto, diferentes estudios elevan la inversión precisa a unos 60 millones de euros.