La torre del puerto de Málaga queda frenada. El Ministerio de Cultura acaba de emitir un informe negativo contra el hotel de 116 metros de altura proyectado junto al dique de Levante, al considerar que su construcción tendrá un impacto severo sobre el Centro histórico de la ciudad, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
De acuerdo con el pronunciamiento final recogido en el informe, y tal como han confirmado fuentes conocedoras del asunto, la propuesta que hace el departamento ministerial es el de incoar un expediente de expoliación, con el fin de evitar una alteración del patrimonio histórico.
Una figura que puede dar al traste con un proyecto marcado por la polémica desde hace años. O al menos dificultar que el tema llegue a la mesa del Consejo de Ministros, que es al que corresponde validar el uso hotelero ahora pretendido para suelo portuario.
De manera precisa se alude a la "existencia de indicios suficientes de expoliación que el proyecto Torre del Puerto supone para el patrimonio cultural de la ciudad de Málaga", señalando que "alteraría de manera irreversible el paisaje histórico" que caracteriza al Centro de la ciudad y la relación de ésta "con el mar y la contemplación conjunta de ambas".
Esta operación cuenta con los parabienes tanto del Puerto como del Ayuntamiento, que vienen avalando su desarrollo desde el origen del mismo, así como con el impulso de un fondo de inversión vinculado a la familia real catarí.
La reacción del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, no se ha hecho esperar. "No compartimos el resultado del informe emitido por el Ministerio de Cultura, por lo que vamos a estudiarlo para realizar una valoración al respecto y recurrirlo si fuera necesario", ha afirmado.
Asimismo, ha recordado que el mismo no es vinculante con el procedimiento urbanístico en el que actualmente avanza el Ayuntamiento. Por ello, ha añadido: "Seguimos trabajando en la línea que hemos estado haciéndolo hasta ahora, ya que la última valoración depende del Consejo de Ministros".
"No compartimos el resultado del informe, por lo que vamos a estudiarlo para realizar una valoración al respecto y recurrirlo si fuera necesario"
El pronunciamiento de Cultura ahora conocido tiene su inicio hace dos meses y medio, cuando anunció la apertura de un expediente para analizar "los riesgos" que pudiera generar para el paisaje la ejecución de este edificio.
Así lo detalló por medio de una nota informativa. En ella anunciaba el inicio de este procedimiento "con el fin de realizar las actuaciones que sean precisas (...) a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español".
Cultura justificó este paso adelante tras haber tenido conocimiento de la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga ya aprobada provisionalmente. La misma autoriza el ajuste urbanístico necesario para autorizar la construcción de un hotel de 27 plantas en la plataforma del Morro de Levante, así como un complejo hotelero con una superficie de edificación máxima de 45.000 metros cuadrados.
Se da la circunstancia de que la ratificación definitiva de este ajuste se había visto ralentizada en los últimos meses por discrepancias jurídicas entre Puertos del Estado y la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Pese al pronunciamiento de Cultura, el trámite administrativo puede seguir adelante, estando prevista la aprobación final del expediente por parte del Pleno en los próximos días.
"Estas construcciones estarán próximas al centro histórico de la ciudad y en la primera línea del puerto junto al mar", añadía la nota oficial. En la misma se apostillaba que las características de estas edificaciones "podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga, vulnerando las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 2000, ratificado por España".
Para reafirmarse en su decisión, el ministerio recordó el pronunciamiento realizado por ICOMOS España reconociendo el posible impacto negativo de este proyecto. En los dos informes emitidos al respecto, este organismo no gubernamental recomendó "renunciar" a la edificación.