El escenario presente y futuro de la torre del puerto de Málaga se sigue asentando sobre terreno inestable. Al conflicto ya cierto entre el Gobierno central, de un lado, y la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de la ciudad, de otro, por el informe contrario emitido por el Ministerio de Cultura contra el hotel proyectado, se suma un nuevo frente en ciernes.

El motivo de desavenencia entre las partes implicadas reside en la tramitación administrativa final que debe hacer posible la construcción del hotel sobre la parcela elegida. Un paso indispensable para que la iniciativa promovida por un grupo inversor de origen catarí salga adelante.

En este punto del camino, casi completado después de más de cinco años de procedimiento burocrático, las posturas parecen totalmente contrapuestas. Superado ese largo periodo, queda aún pendiente la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, con el objeto de asignar una edificabilidad de hasta 45.000 metros de techo al suelo, así como el uso hotelero deseado.

En este paso, que corresponde dar al Pleno municipal, que sigue a la espera de disponer de todos los informes sectoriales, tanto Puertos del Estado como el Ayuntamiento están de acuerdo. Pero surge la discrepancia en el movimiento siguiente. 

Desde el organismo portuario han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que la única vía posible para que el proyecto del hotel llegue a la mesa del Consejo de Ministros pasa porque previamente el Consistorio no sólo ratifique de manera definitiva el ajuste urbanístico, sino que el citado acuerdo sea publicado oficialmente, de manera que cobre vigencia.

"De acuerdo con el art. 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Consejo de Ministros sólo podrá levantar la prohibición para las instalaciones hoteleras en dominio público portuario si la construcción de dichas instalaciones previamente se acomoda al Plan Especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o instrumento equivalente", arguyen desde Puertos del Estado. 

Según este esquema, el Pleno debe aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial, el Ayuntamiento tendrá que publicar ese acuerdo y, en última instancia, el Consejo de Ministros se pronunciará sobre la cuestión.

Pero es un esquema que choca con el que defienden los servicios jurídicos municipales. O más precisamente con los de la Gerencia de Urbanismo. Desde su punto de vista, los pasos que resultan obligados pasan por la aprobación definitiva del Pleno, condicionando la publicación del ajuste urbanístico a que previamente el Consejo de Ministros levante la suspensión que pesa sobre el uso hotelero.

"El plan del Ayuntamiento es llevarlo a aprobación definitiva siguiendo el mismo proceso ya seguido en las aprobaciones inicial y provisional", ha explicado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien se abre a estudiar de manera concienzuda "cualquier informe que aporte soluciones, viabilidad y entendimiento".

A juicio de los técnicos municipales, las dudas expresadas por Puertos del Estado respecto al a la necesidad de que se acomode el planeamiento antes que haya un pronunciamiento del Consejo de Ministros, no tienen base. "Con la aprobación provisional está más que acomodado el planeamiento", sostiene el concejal.

López lanza un mensaje claro al Ejecutivo: "Si de verdad quieren hacer la torre y no le pone obstáculos, el Consejo de Ministros está absolutamente informado por la aprobación provisional, pero que si quiere, que espere a la definitiva, que lo lleven y después se publica". 

Una de las razones que se maneja en la Casona del Parque desde el punto de vista jurídico es una resolución del Tribunal Superior de Canarias que en un caso semejante dio luz verde a condicionar la publicación de un expediente a la autorización del Consejo de Ministros. "Esa sentencia es la que nos dio pie en 2018 para llevar en paralelo los trámites urbanísticos del proyecto", ha confirmado el edil.

Urbanismo sigue a la espera de recibir el informe de Puertos del Estado sobre la modificación de elementos antes de poder avanzar en la aprobación definitiva. Transcurren ya más de diez meses desde que la Junta de Gobierno Local aprobase de manera provisional el ajuste urbanístico, si bien reclamando una serie de subsanaciones al Puerto de Málaga.

Pendiente de que se resuelva la contestación de Puertos del Estado, López sí apunta: "Si no hay una variación en la posición, lo aprobaré definitivamente y se lo remitiré a Puertos del Estado para que haga lo que considere".