Como vienen haciendo desde el mismo momento en que los promotores de origen catarí mostraron su interés en levantar una torre hotelera junto al dique de levante, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Puerto de la ciudad vuelven a hacer causa común en el intento de salvar el proyecto.
La intención de las tres administraciones es la de "coordinar una respuesta jurídica" conjunta al expediente de expoliación abierto por el Ministerio de Cultura. Frente a la opinión de las instituciones que defienden el impulso definitivo de la torre, el ministerio considera que hay indicios suficientes para entender que la materialización de este inmueble afectaría de manera severa al paisaje de la ciudad.
Los planes de las tres administraciones han sido confirmados a EL ESPAÑOL de Málaga por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López. El primer paso pasa por mantener una reunión inminente en la que abordar la cuestión.
"Debe servir para coordinar una respuesta; que cada uno aporte su visión sobre el modo en que se debe actuar", ha dicho Rubio. Desde su punto de vista, los tres organismos implicados, a los que suma Puertos del Estado, "entienden que la actuación de Cultura está fuera de lugar; primero, por una cuestión de competencias, y, segundo, por las formas".
El máximo dirigente del Puerto de la capital de la Costa del Sol, claramente implicado por ser el promotor del ajuste urbanístico necesario para hacer posible el hotel, es contundente en sus apreciaciones sobre el informe del ministerio. "La resolución por la que se inicia el expediente está llena de errores jurídicos", sentencia. A juicio del edil municipal, antes de abrir la vía judicial sería necesario analizar un recurso directamente ante el ministerio.
Razones de Cultura
Atendiendo al informe de Cultura, el ministerio actúa por entender que el emplazamiento elegido para levantar la torre, en los terrenos ganados tras la construcción del dique de Levante, se encuentra dentro del distrito 1-Centro, "que guarda relación directa, histórica y geográfica" con un entorno protegido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Centro Histórico.
También apunta que la parcela seleccionada es prolongación de la zona del puerto "que conecta directamente con el Centro Histórico, presidido en lo alto por la Alcazaba y el Castillo del Monte Gibralfaro, incluido en la declaración del BIC y considerado como el mirador principal de la ciudad y su mar".
Por ello, considera que las características volumétricas del edificio proyectado "podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga, en especial en su Distrito Centro". Ello, a su juicio, vulneraría el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 2000.
Otro elemento utilizado para informar es que la titularidad del solar donde se pretende edificar es estatal, lo que convierte al Ministerio de Cultura en competente en lo relativo a patrimonio cultural.
En el documento son continuas las referencias a los valores patrimoniales definitorios de la ciudad, subrayando el peso que tiene en los mismos su bahía y los Montes. Además, destaca la importancia del recinto portuario como parte fundamental de la creación del conjunto histórico de Málaga.
Dentro de este expediente de expoliación, Cultura ha reclamado informes particulares a cinco organismos: la Real Academia de Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el IAPH, la Escuela de Arquitectura y la Academia de San Telmo. En función del pronunciamiento de los mismos se emitirá un dictamen definitivo.