La videovigilancia empieza a llegar a los polígonos industriales de Málaga. Una buena nueva que en cualquier otra circunstancia habría sido recibida como una noticia extraordinaria por parte de los empresarios del sector, pero que ahora es asumida como el pago de una deuda histórica por parte del Ayuntamiento.
Porque desde que se puso sobre la mesa el compromiso municipal de ir adelante con la instalación de cámaras para vigilar parte de los parques empresariales de la ciudad hasta que los dispositivos se han encendido pasa ya más de una década.
Las vicisitudes que rodean a este proyecto son largas en el tiempo y complejas. Muestra de ello es que el plan original era mucho más ambicioso de lo que ahora echa a andar. En 2009, cuando se licitó la redacción del documento global, se hablaba de activar al menos 117 cámaras con las que controlar 14 polígonos, con una superficie de unos 7 millones de metros cuadrados.
La realidad es otra. El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por los concejales de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y de Ordenación del Territorio, Raúl López, así como del presidente de la Asociación de Polígonos Industriales (Apoma), Antonio López, tiene previsto visitar este mediodía el centro de control de emergencias, donde queda implantado el punto de control de la videovigilancia en toda la ciudad para dar a conocer el estado del proyecto de los parques empresariales.
El acto de hoy se produce, según pudo saber EL ESPAÑOL de Málaga, un mes después de que el sistema se pusiese en marcha. "No han querido hacer la visita hasta comprobar que todo funcionaba bien", han apuntado las fuentes consultadas.
La novedad corresponde a una primera fase del plan inicial. La misma beneficia a los empresarios de los polígonos de Azucarera, Guadalhorce y Santa Bárbara, donde se han dispuesto 29 cámaras repartidas en 17 ubicaciones diferentes. Estos tres son los únicos emplazamientos que fueron autorizados por la Delegación del Gobierno y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La reclamación inicial del Consistorio incluía llevar este sistema de seguridad a doce espacios productivos: Alameda, Villa Rosa, El Viso, Trévenez, Las Estrella, La Huertecilla, San Luis, Santa Cruz y Santa Teresa, además de los finalmente autorizados, con 75 videocámaras en 42 emplazamientos. Pero el alto tribunal andaluz consideró que no estaba debidamente justificada la propuesta.
El impulso de esta etapa data de marzo de 2017, cuando se dio luz verde a la contratación de los sistemas necesarios. La previsión era que todo estuviese dispuesto en un plazo de tres meses. Pero desde ese momento los problemas surgidos obligaron a retrasar de manera continuada una actuación largamente demandada por los empresarios.
Entre ellos, los errores que fue hallando la empresa adjudicataria en el proyecto técnico que sirvió de base para la intervención. A modo de ejemplo, los operarios se toparon con el problema de que donde según el proyecto original iba a haber una arqueta ésta no existía, o con que un suelo probablemente municipal en el que se iba a implantar un poste resultaba que era de otra administración.