Catorce años de okupación de La Invisible ante la pasividad del Ayuntamiento de Málaga

La Invisible sigue instalada en la controversia. Un edificio situado en pleno Centro histórico de Málaga, expropiado por casi 4 millones de euros para montar una incubadora de empresas, y okupado tras una patada en la puerta a finales de marzo de 2007. Casi catorce años y medio después, se mantiene en una especie de limbo administrativo. 

Quienes protagonizaron aquel episodio, del todo rupturista, justificaron la acción en la falta de espacios en la ciudad destinados a la ciudadanía y a los creadores desconocidos. Un argumento al que se vienen agarrando desde aquel entonces para defender su presencia en el interior. El nacimiento de la iniciativa contó con importantes avales institucionales y de colectivos de todo el país. Entre ellos, el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La finalidad era clara: promover un espacio de cultura alternativa y un espacio social. Y, sobre esta base, sus promotores organizaron y celebraron durante años programas de actividades varias. Pese a ello, la iniciativa se ha visto salpicada por episodios polémicos como la organización de conferencias con antiguos miembros del Grapo, acto finalmente cancelado, o la retirada de una bandera de España en forma de horca instalada en uno de sus balcones. 

La relación de La Invisible con el Ayuntamiento es, por regla general, de tira y afloja. A los largos periodos de silencio administrativo, en los que se ha dejado hacer a los okupas, le han sucedido algunos amagos por restablecer el orden alterado.

Pero ni han sido desalojados quienes de manera ilegal se encuentran en su interior, ni se ha dado una respuesta a la petición que el colectivo viene haciendo para disponer de la cesión del inmueble y proceder a su rehabilitación. Disponen incluso de un proyecto de intervención y han impulsado varias iniciativas para recaudar fondos con los que costear parte de los trabajos.

Ahora, tras un impás ciertamente extenso, el foco de atención vuelve a situarse sobre Nosquera, 9 y 11. Lo hace tras el movimiento solitario del socio de gobierno del alcalde, Francisco de la Torre, que acude al Pleno municipal con una moción urgente con la que busca reactivar el mecanismo de desahucio. 

Con esta maniobra, a la que se da publicidad el mismo día en que comparecía ante los medios el ya exgerente de Málaga Deporte y Eventos, la formación naranja toma la delantera en este asunto, reivindicando una contundencia de la que ha carecido hasta la fecha el regidor. 

Una renuncia a actuar que choca de manera especial con los numerosos informes emitidos por varias áreas municipales. Entre las apreciaciones más graves, las de la Gerencia de Urbanismo a finales de 2014, cuando dictó un decreto en el que ordenaba la clausura de parte de las instalaciones de La Invisible-

Prohibía la realización de actividades de libre concurrencia, medida que afectaba a todas las dependencias menos el patio. En ese documento se incorporaba un informe de Bomberos en el que se alertaba del alto riesgo de incendio que había por la mala situación de las instalaciones eléctricas.

Hubo que esperar más de tres años para que el equipo de gobierno pusiese en marcha la maquinaria para abordar el posible desalojo. Fue a finales de junio de 2018. La determinación se adoptó tras el decreto de Urbanismo, que seguía vigente en ese momento, y tras otros numerosos incumplimientos por parte del movimiento cultural de La Invisible.

De manera precisa, la documentación municipal denunciaba el desarrollo de actividades sin contar con las preceptivas licencias y/o autorizaciones, algunas como la de bar sin ligazón con actividades culturales, y falta de colaboración en las inspecciones requeridas y la imposibilidad de acceso al personal técnico para la actualización de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

Urbanismo también llegó a decretar la "inmediata suspensión/cese" de la actividad de restauración/bar/cafetería que se prestaba en el edificio por no estar regularizadas las autorizaciones. Los técnicos citaban "un riesgo grave y extraordinario" para la salud pública, al hacerse uso de un agua "no apta para el consumo y con riesgos para la salud". Los análisis realizados detectaron indicadores fecales. 

Más a más, desde el 19 de agosto de 2009 hasta el 6 de febrero de 2018, la Policía Local sumó más de 200 visitas de control al inmueble. De todas ellas, se desprendieron 48 intervenciones policiales positivas, con la apertura de 103 actas de denuncia.

Muchas, por falta de licencia de apertura, de hojas de reclamaciones, de seguro de responsabilidad civil y de permiso de música, así como por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores y por incumplimiento del decreto de clausura. Los agentes llegaron a constatar la existencia de una sala (en un lateral del patio interior) acondicionada como sala de fiestas.

Pese al origen irregular de la okupación, la Fundación de los Comunes sí dispuso en los primeros años del aval municipal para el desarrollo de actividades. En concreto, existió una "autorización temporal" que tomaba como referencia un protocolo de intenciones firmado el 17 de enero de 2011. La vigencia del mismo era de doce meses, por lo que desde enero de 2012 la presencia del colectivo carecía de título habilitante alguno.

Durante todos estos años, muchas han sido las voces que han reclamado el desalojo. En 2007, apenas un mes después de que ocurriesen los hechos, el entonces concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, informó del inicio del proceso para la desocupación, razonando que se trataba de un edificio municipal, "de todos los malagueños" y calificando de "muy grave" la entrada sin autorización.

En 2012, cuando ya había quedado invalidado el protocolo de intenciones, el que fuera concejal de Cultura, Damián Caneda, abundaba en la misma línea. Incluso, recordó la existencia de un informe de la Asesoría Jurídica alegando que la única forma de "enmendar" el origen ilegal de la okupación era mediante la salida a concurso de la gestión del recinto. Un pronunciamiento que cerraba la puerta a un posible acuerdo de cesión amistosa.

Catorce años y medio después el debate sigue abierto, sin que hasta la fecha nadie haya sido capaz de darle solución. Por enésima vez en este periodo, La Invisible vuelve a ser tema de interés municipal. Queda por decidir si es la definitiva.