La contratación de los trabajadores de la empresa de limpieza de Málaga que cubran el servicio de fines de semana y festivos se va a hacer mediante un procedimiento restringido, tirando de los cientos de nombres que forman parte de la bolsa procedente de la antigua Limasa.
El mecanismo, a ojos de los responsables municipales, supone una variación respecto a lo que ocurría con la antigua sociedad mixta, en la que el peso de la Administración local (49%) era minoritario respecto a los socios privados. Sin embargo, la opción acordada entre dirección y comité de empresa tampoco es la que garantiza el pleno aperturismo de la nueva entidad.
"Hemos cumplido lo que dice el convenio; eso que entrasen por la puerta de atrás sin hacer la convocatoria no podía ser", ha argumentado la concejala de Limpieza, Teresa Porras, a preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga. La bolsa que va a servir para seleccionar a los operarios para estas tareas, que pasarán a ser indefinidos, acaba de ser publicada por el organismo municipal.
Pese a que las bases están sentadas, quedan aún por delante varios pasos antes de que vea la luz la convocatoria. Entre otras, la redacción de las bases que regirán el concurso y en las que podría incluirse una especie de valoración añadida para los trabajadores que en los últimos años venían ocupando las plazas que ahora se ofertan. Y, otro elemento a cerrar, es justamente determinar "cuánta gente hace falta".
Porras defiende la solución final. No sólo alude al hecho de que se contemple en el actual convenio (modificado el pasado mes de mayo), sino también al modus operandi que se viene empleando en muchas administraciones. "Es igual que en el Ayuntamiento, donde hay promociones internas para interinos que llevan muchos años y que no salen a concurso público", ha puesto como ejemplo.
El consenso finalmente alcanzado en este asunto se produce en un escenario en el que la dirección y los trabajadores tienen varios frentes abiertos. Al de los puestos de fin de semana hay que sumar el de la productividad y la fijación de los criterios que se van a tomar en consideración a la hora de ponderar el cobro íntegro o no de la paga de enero, ascendente a 1.472 euros.
El acuerdo laboral vigente desde la municipalización de la empresa establece que un 60% de esta suma estará vinculado al absentismo, de manera que las faltas continuadas sin justificación redundan negativamente en el salario final. Y el otro 40% lo está con la productividad, es decir, por el cumplimiento de una serie de objetivos.
Es en este último apartado en el que las diferencias han sido notables entre las dos partes. La intención es que esta semana pueda quedar resuelto, de manera que el planteamiento final sea llevado para su aprobación al próximo consejo de administración de la empresa.
La posición municipal, que queda por ver si es modificada, incluía la medición de la labor de los operarios con hasta 10 puntos tomando en consideración la calidad y la cantidad del trabajo realizado; la capacidad, habilidad y conocimiento para realizar el trabajo; el esfuerzo y responsabilidad demostrados en la realización del trabajo; la colaboración con compañeros, mandos y usuarios; la corrección en el trato y aspectos de personalidad favorables en el trabajo, y la puntualidad, el acatamiento de las normas, el aseo personal y la uniformidad.