El proyecto que va a permitir levantar del orden de 1.250 viviendas sobre los suelos que en su día acogieron la antigua fábrica de amoniaco en Málaga capital sigue avanzando en su larga tramitación administrativa. Tras recibir hace menos de dos meses el visto bueno de la Junta de Andalucía en lo tocante a las afectaciones medioambientales, ahora el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo va a someter a aprobación el proyecto de reparcelación.
El documento que va a ser objeto de debate en el ente municipal recoge una serie de ajustes después de que la propuesta fuese sometida meses atrás a un periodo de información pública.
De manera destaca, dentro de la reparcelación destaca la asignación al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol de aprovechamientos para la construcción de 562 viviendas de protección oficial, de casi 33.000 metros cuadrados de zonas libres, de otros 29.000 de zonas libres forestales y de 118.000 metros cuadrados de viales.
El sector de Cortijo Merino, promovido por la empresa Reina Marín, S. L., cuenta con una superficie de aprovechamiento de 284.457,21 metros cuadrados. Atendiendo a lo recogido en el documento oficial, las actuaciones incluirán la demolición de los elementos constructivos que hay en ruinas en el interior, así como el desbroce de la cobertura vegetal en unas 15,5 hectáreas y la nivelación del terreno. Esta fase necesitará un aporte de tierra externa de 232.380,70 metros cúbicos.
VPO para el Ayuntamiento
Las viviendas previstas se agruparán en bloques de una altura máxima de planta baja más 4 más ático. Al techo residencial se suman 29.000 metros cuadrados de zona verde para parques, jardines, áreas de juegos y zona forestal, y destina un total de 33.000 metros a equipamientos. Asimismo, hay que destacar un techo de 11.450 metros de uso comercial.
De acuerdo con los datos manejados por la promotora, la urbanización supondrá una inversión superior a los 24 millones de euros. Prevé los siguientes aspectos: la definición de espacios públicos; la red de abastecimiento de agua potable; la red de saneamiento (recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales); la red de distribución de energía eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público; la red de telecomunicaciones; señalización y marcas viales; jardinería y mobiliario público; trazado viario y pavimentación; y red de riego. El plazo de ejecución de las obras es de dos años.
Son numerosas las vicisitudes que han venido afectando a este importante desarrollo inmobiliario. De hecho, la aprobación definitiva de la ordenación de los terrenos quedó paralizada meses atrás tras la emisión de un informe negativo por parte del anterior secretario municipal, Pedro Moreno Brenes. Un posicionamiento contrario que fue levantado, posteriormente, por la nueva responsable de la Secretaría General, que emitió informe favorable al procedimiento a seguir.
En el análisis medioambiental realizado, la Junta exige una actividad arqueológica preventiva de control en los movimientos de tierra. Hay que recordar que en un análisis ambiental previo ya se demandó la necesidad de tener en cuenta un potencial yacimiento arqueológico en el sector, así como el estudio y la valoración de la noria de tracción animal localizada.
También se hablaba de la existencia de "un pozo de planta rectangular que da acceso a una construcción soterrada de dimensiones considerables, hecha de sillarejo y ladrillo, con arcos de medio punto y muy bien conservada" y que junto al mismo "se aprecia una canalización soterrada y una alberca".