El Ayuntamiento de Málaga sigue encontrando aliados en la pugna jurídica que viene manteniendo desde hace varios meses con Puertos del Estado en relación con la tramitación urbanística de la torre del puerto. Al respaldo inicial del Consejo Consultivo de Andalucía, que ampara la posición municipal en un reciente dictamen, hay que sumar ahora el de la Junta de Andalucía.

El pronunciamiento emitido por el Gobierno andaluz, que a ojos del concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, supone un apoyo de especial solidez, queda plasmado en el Decreto ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.

Y, de manera precisa, en los ajustes que se realizan en el marco de la Ley de Puertos de la comunidad. En concreto, el decreto modifica el artículo 16, relativo a los usos en el dominio público portuario.

El mismo pasa a ser redactado de manera literal del siguiente modo: "Excepcionalmente, por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Gobierno podrá instar al Consejo de Ministros que autorice instalaciones hoteleras, en los espacios de dominio público portuario destinados a usos compatibles. El plan especial del ámbito portuario correspondiente regulará tales usos, una vez levantada la prohibición y autorizadas las instalaciones hoteleras".

Es la parte final del enunciado el que es recogido como prueba sustancial por el Consistorio malagueño. "Acabamos de conocer el tenor literal del decreto andaluz, en el que se da mayor claridad al asunto y que viene a unirse a la tesis ya conocida del Consejo Consultivo", ha expuesto López.

El edil ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga su intención de remitir al Gobierno central no sólo el dictamen del Consultivo, sino también el texto del decreto andaluz. Y ello con el objetivo de "hacerle ver que no podemos hacer una aprobación de un plan especial si no tenemos la autorización previa". 

Un hecho que, a juicio del propio concejal, podría haber generado problemas en las aprobaciones inicial y provisional del expediente. No obstante, pese a la existencia de cierto debate interno en la Casona del Parque, los informes de los juristas avalaron la idea de tramitar la modificación del plan del puerto, si bien condicionando su validez al pronunciamiento del Consejo de Ministros. 

Este es justo el punto de discrepancia que vienen manteniendo los dos actores institucionales desde el pasado mes de agosto. A ojos de los juristas municipales, el ajuste urbanístico necesario para hacer posible la construcción del hotel junto al dique de Levante puede ser aprobado definitivamente por el Pleno, pero no ser publicado hasta que, previamente, el Consejo de Ministros autorice el levantamiento de la prohibición que pesa sobre el uso hotelero en suelo portuario.

Una posición que choca con la de Puertos del Estado. Al parecer del organismo estatal, la torre del puerto sólo podrá llegar a la mesa del Consejo de Ministros después de que el Pleno haya aprobado definitivamente la mencionada modificación del plan especial portuario y de que la misma cobre vigencia con su publicación en los correspondientes boletines oficiales.

El devenir de los acontecimientos sucedidos en los últimos meses, siembra de incertidumbre el futuro de una iniciativa que suma ya casi seis años de trámites. Un escenario más llamativo, si cabe, si se tiene en cuenta que el proyecto inmobiliario viene contando desde el primer momento con la aquiescencia de las principales instituciones públicas. 

Las grietas, sin embargo, se han empezado a visualizar en el momento en que, primero, el PSOE provincial, y, después, el propio Gobierno central, han expresado abiertamente sus dudas sobre el proyecto y el impacto del mismo. Muestra de ello es la incoación por parte del Ministerio de Cultura de un expediente ante la posibilidad de que la construcción de la torre, con 116 metros de altura, pudiese afectar negativamente al patrimonio histórico de la ciudad.