La torre del puerto de Málaga entra de lleno en una guerra política y administrativa a la que se suman nuevos actores. A la presentación de un contencioso-administrativo por parte del Ayuntamiento de la capital contra el expediente de expolio abierto en su día por el Ministerio de Cultura le sigue ahora la decisión del grupo del PSOE en la Casona del Parque de sumarse a la judicialización de este asunto, aunque en este caso para defender la posición del Gobierno.
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha anunciado este miércoles que elevará a los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo en Madrid el dictamen de Pleno del pasado 8 de octubre que "desestima cualquier acción jurídico administrativa que tenga por motivación paralizar el expediente de expoliación abierto por el Ministerio de Cultura sobre el proyecto de la Torre del Puerto que se ubica en el Dique de Levante".
Pérez se ha mostrado tajante ante el intento de De la Torre de "boicotear" el expediente ministerial. "No se puede judicializar la acción de los técnicos y funcionarios del Estado, hay que dejarlos trabajar para tener la mayor seguridad jurídica en un proyecto que no está exento de crítica. Y si aún así el Partido Popular quiere torpedear esta acción que lo haga con sus propios fondos y no con los de nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado.
"Que dejen los medios materiales y humanos del Ayuntamiento al uso del ciudadano y no para el juego partidista que es lo que están haciendo. Es momento de dejar trabajar al Ministerio y no torpedear sus acciones, sobre todo cuando lo que está en juego es el patrimonio histórico de Málaga", ha insistido.
Cultura puso en marcha el pasado mes de mayo un expediente informativo ante la posibilidad de que la construcción del hotel proyectado en el dique de Levante, con 116 metros de altura, tenga efectos negativos sobre el paisaje de la ciudad. En este marco, ha solicitado el pronunciamiento de diferentes organizaciones independientes y de reconocido prestigio.
Pérez ha insistido en que la posición del PSOE es la de dejar a la Administración "trabajar libremente, con sus mecanismos, que vienen a preservar el interés legítimo de nuestra ciudad". Y ha vuelto a reclamar al alcalde que escuche a la ciudadanía y convoque una votación popular sobre la torre. Una sugerencia que ha sido desestimada en varias ocasiones por el equipo de gobierno.