El Ayuntamiento de Málaga acaba de recibir un importante espaldarazo en la batalla judicial que venía manteniendo desde hace más de un año con sus antiguos socios privados de Limasa III. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Málaga, que tiene fecha del pasado 14 de diciembre, confirmó la hoja de ruta seguida por el Consistorio en el proceso de municipalización del servicio de limpieza y recogida de basuras y da al traste con la petición de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública, entidad integrada, entre otras, por FCC y Urbaser. 

Grosso modo, lo que hace la sala es rechazar la reclamación de las entidades privadas para que fuesen anulados los diferentes acuerdos plenarios y de la Junta de Gobierno Local sobre los que se sentaron las bases de creación de la actual Limpieza de Málaga SAM, Limasam, y la entrega de todos los bienes de Limasa III. Pese a ser condenadas al pago de las costas, se les abre la posibilidad a presentar recurso de apelación.

A ojos de los ex socios municipales, el Ayuntamiento habría incumplido el procedimiento para remunicipalizar el servicio de limpieza, ya que la memoria justificativa "adolece de graves defectos materiales que evidencian que la municipalización no cumple los requisitos de sostenibilidad y eficiencia". 

La negativa de las empresas privadas a la decisión municipal de convertir la antigua Limasa en una entidad 100% pública chocó con los propios compromisos asumidos por Servicios Urbanos de Málaga S.L., integrada por FCC, Unicaja, Sando y Urbaser, en 2017, cuando el Ayuntamiento accedió a prorrogar el contrato. 

En los escritos que formaron parte del acuerdo, esas entidades manifestaron "que para el caso de que la duración de la citada entidad no alcance la duración máxima propuesta de ocho años, Servicios Urbanos de Málaga, S. A., no reclamará cantidad alguna al Ayuntamiento por dicha causa, entendiendo que la finalización de la compañía se podrá producir antes del referido plazo".

Uno de los documentos que los socios privados usaron en contra del Ayuntamiento fue un estudio elaborado por el Institut Cerdà. En el mismo, se concluye que la municipalización "tendrá un impacto muy significativo sobre el empleo y el coste económico de los servicios".

Y de manera precisa hablaba de la incidencia sobre los costes laborales, que, según indican sus autores, serán bastante superiores a los que actualmente presenta la sociedad mixta. En concreto, estimaba que a medio plazo estos costes alcanzarán los 89 millones, un 17% más que el cálculo realizado por la comisión técnica encargada de estudiar la municipalización del servicio y comprar los diferentes modelos de gestión. En este sentido, incide en que la remunicipalización iba a generar consigo un incremento de los costes salariales.

Una tesis que contrastaba con la que empujó al Consistorio a ir adelante con el compromiso asumido de manera personal por el alcalde, Francisco de la Torre. De acuerdo con los números de la comisión técnica, anualmente el cambio de modelo supondrá un ahorro de unos 7,7 millones de euros.

Las estimaciones, sin embargo, están lejos de cumplirse de manera inmediata. Y ello en buena medida por las inversiones que se vienen realizando tanto el año pasado como en el ejercicio de 2022 para actualizar y renovar la maquinaria. Muestra de ello es que para este año, la partida destinada a Limasam es de unos 120 millones de euros, un 13% más que el año anterior.

Una de las particularidades del proyecto de municipalización de la antigua Limasa, a la que el Ayuntamiento destinó durante casi dos décadas de funcionamiento un total de 1.600 millones de euros, es que parte del salario que percibe la plantilla queda vinculado al cumplimiento de objetivos en materia de absentismo y de producitividad.