Casi siete meses después de ser aprobada inicialmente, entra en vigor la nueva ordenanza municipal que va a permitir al Ayuntamiento de Málaga cobrar algo más de 20 euros a las empresas de alquiler de patinetes y de bicicletas, así como a los usuarios particulares, cuando la grúa tenga que intervenir para retirarlos de las calles por estar mal aparcados.

La normativa acaba de ser publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga, con lo que será efectiva desde mañana. En el documento se mencionan tres acciones concretas que van a suponer una carga económica para los denominados vehículos de movilidad personal (VMP).

Al ya mencionado coste derivado del servicio de retirada de la grúa, que se dispara hasta superar los 62 euros cuando se trate de VMP de tres y cuatro ruedas, hay que añadir las precios fijados en caso de que se proceda al desenganche del vehículo antes de su traslado al depósito y el correspondiente a la estancia de estos dispositivos en el propio depósito.

"La retirada del vehículo se suspenderá en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas comparecen y adoptan las medidas convenientes", precisa el documento oficial al referirse al desenganche. Y acompaña el enunciado de las cuotas a satisfacer en estos supuestos. En el caso de motocicletas, ciclomotores, bicicletas y vehículos de una, dos ruedas, o similares, incluyendo los de movilidad personal, la cantidad a abonar será de 11,5924 euros, a los que sumar el IVA.

¿Qué ocurre en el caso de que el patinete sea llevado al depósito? Sobre ello, la ordenanza municipal fija una penalización que empieza a contar "a partir de la primera hora de estancia y hasta las veinticuatro horas, así como por cada día o fracción de permanencia". En el caso concreto de los más habituales VMP, así como de motos y ciclomotores, se fija el pago 3,1594 euros más IVA.

Se aclara, asimismo, que no se autorizará la salida de ningún vehículo del depósito, "sin el pago previo o garantía de pago de la tarifa por la prestación devengada o la autorización del aplazamiento del pago". Al tiempo, se indica que el abono de este precio "no excluye en modo alguno el de las sanciones procedentes por infracción de cualquier norma por la que la Policía Local determine la idoneidad de la retirada al depósito municipal".

La medida impulsada por el equipo de gobierno busca, entre otros objetivos, lograr un control más exhaustivo sobre el funcionamiento de las empresas de alquiler de patinetes y bicis en la ciudad, de manera que sean mucho más vigilantes con el uso de sus dispositivos. En especial en lo tocante al aparcamiento en los puntos habilitados. Bien es cierto que hay ciertas compañías que penalizan a sus clientes por un mal uso.

Para 2022, el Ayuntamiento concedió a finales del ejercicio pasado autorización para funcionar con un máximo de 300 patinetes a ocho compañías. Sin embargo, por lo que parece, no todas han recogido las credenciales que les permiten actuar en el término municipal. La intención del Consistorio es impulsar en los próximos meses un concurso público para asignar sólo una o dos autorizaciones.