Casi tres años después de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga sentasen las bases del acuerdo para resolver el fracasado plan de rehabilitación de los arrabales del Centro histórico de Málaga, se da un nuevo paso que puede ser definitivo.
La Junta de Gobierno Local de Málaga aprobó el pasado viernes una última propuesta de protocolo, que ya ha enviado al Gobierno andaluz, con el objetivo de completar el reparto de casi un centenar de fincas expropiadas con fondos públicos y que se encuentran bloqueadas desde hace años.
El que fuera bautizado como plan de las tecnocasas fue presentado oficialmente por la Junta en el verano de 2005, con el compromiso a realizar inversiones por unos 100 millones de euros. Pero el retraso en el proceso de expropiación y la incapacidad económica de la Administración regional dieron al traste con la operación.
Asumida la derrota, se puso en marcha un proceso mediante el que las dos administraciones implicadas llevan largo tiempo negociando el modo de anular el acuerdo original y repartirse estas fincas. Y tras varios intentos, ahora parece que la resolución definitiva está algo más cerca.
Una vez quede firmada la propuesta, el Ayuntamiento se hará en propiedad con trece unidades de ejecución (la cifra de solares es superior). A cambio, tendrá que compensar económicamente a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), así como a terminar de abonar los procesos de expropiación que fueron activados en su día. En total, el valor estimado del paquete supera levemente los 3 millones de euros.
¿Qué tipo de suelos se reflejan en el protocolo? Se mencionan directamente algunas pastillas de la zona de Lagunillas necesaria para un vial, otra en Cruz del Molinillo para espacio libre y otras indispensables para ir adelante, por ejemplo, con la construcción del Centro de Cánovas del Castillo o el centro de la cerámica medieval.
La aprobación de los estudios de detalle de estas dos parcelas por parte del Ayuntamiento sin contar con la Junta ha motiva la interposición de ambos contenciosos judiciales.
Pero el Ayuntamiento no es el único beneficiado. El protocolo, que ha de ser firmado por las dos partes, recoge otras 17 unidades de ejecución (con unas 77 fincas) que pasan a ser de libre disposición de la Junta. Terrenos por los que ya se han abonado 15 millones de euros en el proceso de enajenación, quedando pendientes de pago otros 500.000 euros.
Dentro de este paquete, es de resaltar el caso de los solares localizados en la calle Gigantes (hay trece fincas asignadas a esa unidad de ejecución) y la zona de Lagunillas. En el primero de los casos, meses atrás se abrió la posibilidad sin materializar de que la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) le comprase a la Junta la parcela para la construcción de un centro de distribución de mercancías. Esta alternativa parece, a día de hoy, cerrada.
En cuanto a 19 solares de Lagunillas, la Junta mantiene viva la posibilidad de ponerlas en el mercado para que sea una empresa privada la que asuma la construcción de viviendas a precio asequible. Eso después de que el Ayuntamiento haya desistido de su primera idea de impulsar promociones de VPO de manera directa.