La Junta de Andalucía pone luz en el actual conflicto jurídico por la torre del puerto de Málaga

El panorama jurídico en torno al futuro de la torre de 116 metros de altura proyectada en el puerto de Málaga empieza a despejarse. Tras meses en los que el conflicto ha estado marcando la relación entre el Ayuntamiento y Puertos del Estado en relación con el ajuste urbanístico necesario para dar vía libre al hotel, una reciente informe emitido por la Junta de Andalucía clarifica el estado de la cuestión y fuerza al Consistorio a plegar velas.

De manera resumida, el pronunciamiento emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación de Fomento en Málaga avala la posición que hasta la fecha ha defendido Puertos del Estado en el actual procedimiento. Y, en la misma medida, cuestiona el papel municipal. 

Con este documento en sus manos, todo hace indicar que el equipo de gobierno, con Francisco de la Torre al frente, actuará en consecuencia, tratando con ello de desbloquear un trámite que se viene alargando desde hace años.

A ello ayuda también el reciente archivo del expediente de expolio abierto en su momento por el Ministerio de Cultura, que mantiene activo la propuesta para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) el edificio de La Farola. En la esfera municipal se aplaza cualquier movimiento definitivo a que este último obstáculo también quede resuelto.

Conforme a lo estipulado, para que el asunto llegue a la mesa del Consejo de Ministros, ente que tiene la última palabra a la hora de levantar la prohibición del uso hotelero que pesa sobre el espacio portuario, antes deben darse dos pasos en la esfera municipal. 

El primero es que el Pleno tendrá que aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial del Puerto para dar encaje al proyecto hotelero pretendido, con una edificabilidad máxima de 45.000 metros de techo. El segundo es que el Ayuntamiento tendrá que publicar en los boletines oficiales correspondientes el acuerdo plenario, de manera que cobre efectividad. Sólo en ese momento será posible elevar al Consejo de Ministros la propuesta de uso hotelero.

El informe ahora desvelado se produce ante la petición por escrito realizada el pasado 11 de marzo por el Consistorio a la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento.

En la comunicación se le reclamaba "aclaración en relación con el trámite que debe seguirse tras la aprobación provisional de la modificación del Plan Especial; concretamente sobre cuál es el orden procedimental correcto, es decir, si el Consejo de Ministros debe levantar la prohibición del uso hotelero en el dominio público portuario (...) antes de procederse a la publicación de la modificación del Plan Especial; o, por el contrario, si debe procederse a la publicación y registro de la modificación del Plan Especial y, posteriormente, por el Consejo de Ministros levantarse la prohibición".

En el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, se precisa que el criterio jurídico del Ayuntamiento era que para la publicación y entrada en vigor de la citada modificación es necesario "que en primer lugar se levante por parte del Estado la prohibición".

Una tesis que choca con la planteada por la Abogacía del Estado, que indica que es "requisito sine qua non para que el Consejo de Ministros pueda levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario, que la modificación del Plan Especial esté en vigor; por lo tanto, se haya efectuado su publicación".

Analizados los planteamientos, el ente autonómico viene a "acoger el razonamiento del Informe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado", en el sentido de que procede la publicación y registro del ajuste urbanístico. Pese a ello, apunta que "corresponde al Ayuntamiento como Administración competente para la tramitación y aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial adoptar la decisión que proceda, de acuerdo con su competencia".

Éste es el segundo pronunciamiento en los últimos meses que viene a respaldar a Puertos del Estado en este conflicto con el Consistorio. Anteriormente fue el Consejo Consultivo de Andalucía, al que también acudió el Ayuntamiento, el que lo hizo.