El Gobierno contrata el proyecto para reformar el edificio de Hacienda en Málaga

Tras más de un año de espera, el Gobierno central acaba de comunicar la formalización del contrato que va a permitir sentar las bases de la que será la reforma integral del edificio de Hacienda en la Avenida de Andalucía.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes el anuncio de adjudicación y formalización del contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución de refuerzo de la estructura y reforma de la sede de la Delegación de la Agencia Tributaria en Málaga. 

Un encargo que recae en la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Cor Asoc. S. L. y Otxotorena Arquitectos S. L. P. U. La propuesta finalmente seleccionada eleva el coste económico del servicio a 128.880 euros, muy lejos de los más de 292.000 euros, IVA incluido, de la licitación inicial. La previsión es que los documentos estén en un plazo de 10 meses.

La misma fue activada por el organismo estatal en febrero de 2021. Ese fue el primer movimiento realizado para acometer una obra que se viene anunciando desde hace años y que obligó al traslado de todo el personal que ocupaba este inmueble, localizado justo frente a la antigua sede de Correos en Málaga capital.

De hecho, la adjudicación que ahora se conoce viene casi dos años y medio después de que se iniciase la mudanza de todos los servicios contenidos en el inmueble, dadas las malas condiciones de conservación del mismo y la necesidad de acometer trabajos de demolición interior, el organismo estatal da el primer paso en este proceso de reparación completa. 

Serán los proyectos mencionados los que marquen el camino a seguir para la rehabilitación del conjunto edificatorio, cuya superficie construida es de casi 22.800 metros cuadrados (de ellos, 12.761,22 se encuentran sobre rasante y otros 10.029,86 bajo rasante). El inmueble, con dos plantas sótano, una semisótano y once sobre rasante, data de 1980.

Debido al "deficiente estado de la estructura del edificio", la Agencia subraya la necesidad de acometer de manera "inmediata" una actuación sobre el mismo. Por ello, según se recoge en el pliego de condiciones técnicas, "se hace necesario acometer las obras de refuerzo y reparación de los elementos estructurales deficitarios". Y ello incluye también la renovación completa de acabados, carpinterías exteriores e instalaciones una vez reforzada la estructura.

En este sentido, en la memoria que sirvió de base a la licitación se describen una serie de necesidades que tendrán que ser tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto. Entre ellas, la reparación y refuerzo de la estructura, garantizando con ello su estabilidad y seguridad; demoliciones de forjados; adaptación de huecos de los ascensores; impermeabilización de los muros del sótano; ejecución de nuevas rampas de acceso; renovación de cubiertas; mejora de la envolvente exterior… 

Elevado coste

Muestra de la envergadura de la intervención es que se maneja un presupuesto de 23 millones de euros de ejecución material. De esta suma, solo lo concerniente al refuerzo estructural y reforma del edificio, se tasa en unos 13,8 millones de euros. Si bien se precisa que será el proyecto el que fije los costes finales.

La propia documentación oficial habla de "deficiencias relevantes", destacando el proceso de "degradación" de las plantas sótano debido al efecto de la entrada de agua cada vez que se producía una inundación en la zona. 

Y es relevante las alusiones que se hacen sobre el incumplimiento de determinadas normativas de "obligado cumplimiento", siendo relevantes "los incumplimientos que afectaban a las condiciones de seguridad contra incendios y accesibilidad y cuya subsanación exige acometer actuaciones que afectan además de a las instalaciones, a la configuración general de accesos, núcleos de escaleras, circulaciones, ascensores…, que resulta imprescindible abordar en el marco de una obra de reforma general del inmueble".

Otra de las actuaciones previstas es la modificación del acceso al garaje, buscando con ello evitar las afectaciones negativas que han tenido las inundaciones ocurridas en la zona. Se plantea la posibilidad de desplazar este acceso a la fachada oeste a una cota superior. A todo ello se suma la necesidad de ejecutar acciones para adaptar el edificio a las normativas actuales en materia de seguridad y accesibilidad.

Sedes alternativas

Debido a los problemas de seguridad y a la necesidad de dejar expedito el espacio para el desarrollo de estas demoliciones, todo el personal de los organismos que ocupaban el inmueble fueron desalojados y trasladados a otras dependencias. Buena parte de ellas están implantadas en edificios arrendados por los organismos estatales, uno de ellos el histórico Gaybo, de El Corte Inglés. La previsión es que esta situación se mantenga aún durante varios años, a la espera de que se desarrolle la recuperación total de la sede de Hacienda.

Al tratarse de un edificio compartido entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, se ha de tener en cuenta la necesidad de cumplir una serie de directrices en lo que al diseño de los espacios interiores se refiere. Y en este sentido, el pliego de condiciones técnicas señala que la ocupación máxima prevista será de unos 730 puestos de trabajo. Esto puede suponer una merma respecto a las condiciones anteriores, ya que eran más de 800 los operarios que trabajaban en el edificio.