A finales de octubre del año 2019 quedó completada la mudanza de los 600 trabajadores del edificio de Hacienda en Málaga. Una medida extrema fijada por el Gobierno central ante la necesidad de acometer una urgente y necesaria rehabilitación integral del inmueble, localizado en la Avenida de Andalucía. 

Casi tres años después, la sede administrativa permanece vacía y sin un calendario cierto que permita siquiera atisbar cuándo volverá a tener vida en su interior. El último movimiento tuvo lugar el pasado mes de mayo con la contratación de los trabajos de redacción de los documentos que sentarán las bases de los trabajos a materializar.

Las firmas seleccionadas disponían desde ese momento de unos 10 meses de plazo. Y será justo en ese momento cuando, con los planos en la mano, podrán establecerse los parámetros ciertos de una operación que se antoja ciertamente onerosa. Los primeros números oficiales conocidos sitúan en unos 23 millones de euros la inversión a ejecutar.

Sin embargo, la factura a la que tiene que hacer frente la Administración estatal es muy superior, dado que a lo que acabará costando la recuperación de este gran inmueble hay que agregar la factura correspondiente a los alquileres de inmuebles en los que desde finales de 2019 vienen desempeñando su labor los operarios de la Agencia Tributaria y de Hacienda. La suma de todos estos arrendamientos se aproxima a los 2 millones de euros anuales. 

Los contratos entre la Administración estatal y los propietarios de los inmuebles tienen una duración de 7 años, estando vigentes hasta finales de 2025. Esto implica que la factura sólo en concepto de alquiler podría llegar a alcanzar los 14,5 millones para todo este periodo. La cuenta crece al tener que incluir los gastos de adaptación de uno de los locales, que supusieron a la Agencia Tributaria un desembolso de 1,3 millones de euros.

Asumiendo que la reforma de Hacienda sea posible en el lapso de tiempo que resta para que venzan los contratos, el montante económico que puede requerir esta intervención puede acabar rondando los 40 millones de euros. 

La cuantía aumentará en el caso, que no se descarta, de que el Gobierno necesite prorrogar el de alquiler de los locales. Algo contemplado en los acuerdos actuales, en los que se incluye la opción de extenderlos año a año, hasta completar un total de 10 años. En ese supuesto, el valor de los alquileres acumulado alcanzaría los 22 millones de euros.

Este es el reparto actual de los arrendamientos:

1. 727.488 euros por Gaybo: De los espacios habilitados tras la mudanza, el que mayor coste genera es el edificio que El Corte Inglés ha puesto en el mercado, el antiguo Gaybo. Con su venta pretende obtener un mínimo de 12 millones de euros, que es el precio de partida fijado. De acuerdo con los datos conocidos por diferentes fuentes, el arrendamiento del inmueble, que da cabida a 258 trabajadores de la Agencia Tributaria, alcanza los 727.488 euros anuales. Cuenta con una superficie de 5.050 metros cuadrados. Una vez conocido el acuerdo de alquiler, desde la representación laboral de la Agencia Tributaria se denunció que se trataba de un inmueble que carecía de ventanas y posibilidad de ventilación, subrayándose que el sistema de iluminación era "propio de un supermercado", sin contar, además, con elementos de absorción acústica. Todo ello motivó la ejecución de una serie de obras de adaptación.

2. 372.000 euros Málaga Plaza: La superficie disponible en el centro comercial Málaga Plaza, localizado a las espaldas de El Corte Inglés, es de 2.300 metros cuadrados, en los que trabajan 122 técnicos de Inspección. El coste mensual es de 372.000 euros, elevándose la cuantía a los 2,6 millones de euros para el periodo inicial del contrato a siete años.

3. 254.193 euros local de la calle Hilera. Cuenta con 1.800 metros cuadrados, destinados a 89 trabajadores de Recursos Humanos y Vigilancia Aduanera. 

4. 394.000 euros local Compositor Lemberg Ruiz: El Ministerio de Hacienda cuenta con un local de 2.361 metros cuadrados, que dan cabida a 132 trabajadores.

¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de rehabilitación de Hacienda? Tras una tramitación ciertamente compleja, hace varios meses el Gobierno comunicó la adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Cor Asoc. S. L. y Otxotorena Arquitectos S. L. P. U. la redacción del anteproyecto y del proyecto de ejecución de los trabajos. 

El plazo estimado para la elaboración de estos documentos es de 10 meses a contar desde la formalización. Conforme a estas previsiones, todo hace indicar que el documento sobre el que activar las obras no estará antes de marzo de 2023. Quedará después todo el proceso de licitación y contratación de la intervención física sobre la construcción, ignorándose el calendario.

Características del edificio 

El edificio tiene una superficie construida de casi 22.800 metros cuadrados (de ellos, 12.761,22 se encuentran sobre rasante y otros 10.029,86 bajo rasante). El inmueble, con dos plantas sótano, una semisótano y once sobre rasante, data de 1980.

Debido al "deficiente estado de la estructura del edificio", la Agencia subrayó la necesidad de acometer de manera "inmediata" una actuación sobre el mismo, incluyendo obras de refuerzo y reparación de los elementos estructurales deficitarios. 

Entre las necesidades detectadas se habla de la reparación y refuerzo de la estructura, garantizando con ello su estabilidad y seguridad; demoliciones de forjados; adaptación de huecos de los ascensores; impermeabilización de los muros del sótano; ejecución de nuevas rampas de acceso; renovación de cubiertas; mejora de la envolvente exterior… 

La obra, según las estimaciones iniciales, podría requerir una inversión de 23 millones, de los que 13,8 millones se ligan al refuerzo estructural y reforma del edificio. La propia documentación oficial habla de "deficiencias relevantes", destacando el proceso de "degradación" de las plantas sótano debido al efecto de la entrada de agua cada vez que se producía una inundación en la zona. 

Y es relevante las alusiones que se hacen sobre el incumplimiento de determinadas normativas de "obligado cumplimiento", siendo relevantes "los incumplimientos que afectaban a las condiciones de seguridad contra incendios y accesibilidad y cuya subsanación exige acometer actuaciones que afectan además de a las instalaciones, a la configuración general de accesos, núcleos de escaleras, circulaciones, ascensores…, que resulta imprescindible abordar en el marco de una obra de reforma general del inmueble".

Otra de las actuaciones contempladas es la modificación del acceso al garaje, buscando con ello evitar las afecciones negativas que han tenido las inundaciones ocurridas en la zona. Se plantea la posibilidad de desplazar este acceso a la fachada oeste a una cota superior. A todo ello se suma la necesidad de ejecutar acciones para adaptar el edificio a las normativas actuales en materia de seguridad y accesibilidad.