La hoja de ruta trazada para completar la tramitación urbanística necesaria para que se construya la torre del puerto de Málaga sigue quemando etapas. Si la semana pasada era la Autoridad Portuaria la que hacía los deberes y remitía el documento al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, ahora es la Gerencia de Urbanismo la que hace lo propio y traslada el expediente a la Junta de Andalucía.

Sigue, de este modo, el proceso reglado. Porque si bien el Puerto es el promotor del hotel de 116 metros de altura, impulsado por un fondo de inversión de Catar, y Urbanismo es el responsable de ajustar las condiciones del terreno, es la Consejería de Sostenibilidad la que, en última instancia, ha de concluir si la propuesta tiene o no incidencia sobre el medioambiente.

Será el pronunciamiento de los técnicos autonómicos el que allane definitivamente el camino para la torre o, por el contrario, obligue a introducir cambios en la operación. Es la segunda ocasión en la que la Junta ha de pronunciarse sobre este asunto, toda vez que ya emitió un dictamen favorable en octubre de 2017.

¿Qué ha sucedido para que sea necesario emitir un nuevo informe? El obstáculo con el que se ha topado meses atrás la iniciativa portuaria es que la anterior evaluación ha perdido validez al haber pasado ya más de cuatro años desde su publicación. Una circunstancia que fuerza a la elaboración y aprobación de un nuevo documento.

A la espera de que los técnicos tomen contacto con el documento, todo hace indicar que el mismo va a contar con los parabienes necesarios. En este sentido, se presume que la nueva evaluación mantiene intactos los detalles de la anterior versión, que recibió el visto bueno autonómico de manera rápida.

De cumplirse esta previsión, cabe la posibilidad de que el Pleno pueda aprobar de manera definitiva la modificación del Plan Especial del Puerto, necesaria para el proyecto, antes de finalizar el año. El ajuste pretendido es el que hará posible asignar al suelo sobre el que se promueve la torre un techo edificable de hasta 45.000 metros cuadrados, casi siete veces más que lo ahora autorizado.

Siendo relevantes e imprescindibles estos pasos en la esfera municipal, el fallo final sobre si es o no posible construir un hotel en el puerto de la capital malagueña corresponde al Consejo de Ministros. Es este órgano el competente a la hora de levantar la actual prohibición sobre este uso en terreno portuario.