Lejos de despejarse el escenario para la venta millonaria de las tres torres del Ayuntamiento de Málaga en los viejos suelos de Repsol, la operación inmobiliaria se complica. No sólo por el paso del tiempo, sino por las evidentes dudas expresadas por las cinco empresas que participan del concurso para la compra de estos aprovechamientos urbanísticos 

Se da el caso, incluso, de que algunas de estas entidades han expresado abiertamente su negativa a mantener sus ofertas sobre todos o parte de los bienes objeto de enajenación. Y todo ello cuando se sigue a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre la petición realizada por el Ayuntamiento de Málaga para que Bosque Urbano pague 223.000 por las costas procesales derivadas del contencioso interpuesto para frenar esta subasta.

El próximo movimiento previsto, según ha confirmado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, se va a producir en el próximo Consejo de Urbanismo, donde se acordará dar un plazo de 15 días a los licitadores para que se pronuncien sobre si quieren seguir o no después del auto judicial que rechazó las medidas cautelares solicitadas por Bosque Urbano.

Aunque con cierto retraso temporal, se empiezan a conocer con detalle tanto el contenido de las alegaciones formuladas por los participantes en la enajenación como los informes emitidos por la Gerencia de Urbanismo. 

Uno de ellos, del Servicio de Patrimonio Municipal, determina que la Administración local "tiene la obligación de calificar dichas parcelas como bienes litigiosos". Elemento que puede, finalmente, ser determinante en la decisión de varios de los actores implicados en el concurso.

Patrimonio también se pronuncia sobre otra de las dudas expresadas por algunos de los licitadores, relativa a las consecuencias que pudieran derivarse de una eventual estimación de la sentencia. Admite que es "imposible determinarlas", ya que ello dependerá de los motivos que se recojan en la resolución judicial. 

Pero subraya que los licitadores que decidan continuar en el procedimiento de adjudicación, "lo deben hacer sin condicionantes y asumiendo el riesgo de su resultado, no teniendo derecho a indemnización alguna, si se llegase a producir cualquier lesión a causa del litigio". 

Las respuestas se producen en contestación a las alegaciones presentadas por cada una de las promotoras que participan de la operación de venta. Las mismas quedan ahora desveladas en el acta de la mesa de contratación reunida el pasado 22 de septiembre y que ha sido colgada por la Gerencia de Urbanismo en la Plataforma de Contratación del Estado. 

EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso a la misma y puede detallar su contenido. Algunos de los concursantes no descartan retirarse del concurso y reclaman a la Administración local que las entidades privadas sean exoneradas de las posibles consecuencias que puedan derivarse del pleito. Algo que, como se ha podido comprobar, queda desechado por el Ayuntamiento.

Esta es la posición de partida de cada una de las cinco empresas:

1. Acciona: La multinacional presentó escrito de alegaciones el 18 de julio. En el mismo indica que la asunción de riesgos y consecuencias a que hace alusión la normativa "alcanza a la posibilidad de que se produzca una sentencia firme estimatoria del recurso contencioso administrativo interpuesto", lo que traería consigo la retroacción de la compraventa y la imposibilidad de ejecutar el desarrollo de la promoción inmobiliaria. 

   Pese a ello, Acciona dice estar dispuesta "a permanecer en la licitación, sin necesidad de replantear el marco del pliego de condiciones" que ha regido esta subasta "si por parte del Ayuntamiento se comunicasen las medidas concretas y su alcance que propone implantar para que los licitadores no asuman los riesgos y consecuencias del recurso contencioso-administrativo, de modo que los licitadores puedan evaluarlas y, en su caso, aceptarlas".

   No obstante, añade. "En caso de que en el curso del actual procedimiento el Ayuntamiento no vaya a proponer la implantación de medidas como las arriba descritas, sería precisa una indicación expresa por parte de la Gerencia, que traslade a los licitadores el concreto alcance de la asunción de riesgos y consecuencias del litigio". 

   En este escenario y a la espera de conocer las medidas concretas, "Acciona se reserva el derecho a retirar todas o algunas de las proposiciones presentadas y de reclamar la devolución de las garantías provisionales depositadas". 

   Y muestra su "máxima predisposición para presentarse a una nueva licitación de enajenación en el caso de que se previeran mecanismos de protección a los licitadores frente a las consecuencias del recurso contencioso-administrativo" si no fuera posible obtener en el procedimiento en curso la cobertura que se solicita.

2. Urbania: En su caso las alegaciones fueron formuladas el 18 de julio. En las mismas, manifiesta su deseo de mantener la oferta presentada en la licitación, solicitando que se aclare por escrito qué significa y qué consecuencias conlleva para el licitador asumir los riesgos y consecuencias del litigio planteado por Bosque Urbano, "concretando qué parte de la inversión de los licitadores podría verse comprometida de producirse una eventual estimación de las pretensiones del recurrente en dicho proceso". 

   A esta primera petición, añade una segunda: "Que una vez efectuada dicha aclaración, se otorgue un nuevo plazo de audiencia que permita a los licitadores adoptar, previa ponderación de todas las circunstancias que deben ser valoradas, la decisión que proceda sobre su continuación en el presente procedimiento".

3. Stoneweg (Maditaca Servicios y Gestiones S. L.; Kazik, S. L.; Bitaleco Servicios y Gestiones S. L.; Taraleto Servicios y Gestiones S. L.): Muestra en su escrito su interés en la continuación del procedimiento y presenta alegaciones. A su juicio, "no nos encontramos ante la enajenación de bienes litigiosos", dado que no existe un litigio sobre "la titularidad" de los inmuebles objeto de subasta. 

   Asimismo, no sólo defiende que no se traslade a los licitadores "la eventualidad de las consecuencias que pudieran derivar del contencioso-administrativo", sino que plantea una posible indemnización en favor de los licitadores ante "cualquier lesión que puedan sufrir como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la actividad administrativa".

4. Exxacon: Confirma que en el supuesto de que el procedimiento de licitación siga adelante "en las circunstancias y con las nuevas condiciones, esto es, siendo de aplicación el precepto legal indicado, no pueden aceptar su continuidad", reclamando la devolución de la garantía prestada por casi 300.000 euros.

5. Single Home: En su escrito del 19 de julio, manifiesta que en caso de que las parcelas "sean consideradas litigiosas se tenga a Single Home por apartada del procedimiento de licitación arriba referenciado".