La millonaria subasta de las tres torres de Málaga en los antiguos suelos de Repsol entra en terreno delicado. El recurso judicial interpuesto por Bosque Urbano contra la venta de los activos municipales en este sector sigue afectando a una de las grandes operaciones urbanísticas de la capital de la Costa del Sol.

El primer efecto del contencioso de la plataforma, que defiende que toda la parcela sea reservada para zona verde, es que está lastrando los tiempos inicialmente manejados por el Consistorio para adjudicar sus aprovechamientos, cuyo valor inicial alcanza los 53 millones de euros (IVA incluido).

Muestra de ello es que pasa ya más de un mes desde que el pasado 23 de junio fuese suspendida la mesa de contratación en la que se iban a dar a conocer las valoraciones técnicas de las ofertas presentadas al concurso y a abrir el sobre económico, elemento decisivo en la propuesta de adjudicación de los cinco lotes objeto de enajenación.

La determinación de paralizar el procedimiento se produjo después de que los integrantes de la mesa tuviesen conocimiento de la petición de medidas cautelares por parte del colectivo social, que reclamaba la suspensión de la subasta. Desde ese momento, pese al recurso municipal oponiéndose a la petición, el juzgado sigue sin pronunciarse.

Un silencio que abona el escenario de incertidumbre y duda en el que se encuentra instalada una operación que, con el nuevo componente litigioso, adquiere, según algunos expertos, un elemento de "riesgo" que puede incidir en la apuesta final de algunos o todos los licitadores.

"Hay que tener en cuenta que en este momento lo que no tienen los fondos de inversión es tener la menor afectación", destaca la fuente, que señala que incluso en el supuesto en que la jueza avalase la posición del Consistorio y rechazase las medidas cautelares planteadas, el activo podría seguir contaminado judicialmente hasta que hubiese una sentencia definitiva.

De la Torre opta por esperar

En este contexto, es relevante el mensaje lanzado por alcalde, Francisco de la Torre, quien ha abogado por posponer la adjudicación de las torres hasta que se conozca la decisión de la jueza. "Creo que lo natural, sin perjuicio del trabajo que haga Urbanismo, es esperar a que haya un fallo judicial", ha afirmado. En el seno de Urbanismo creen que con estas palabras lo que hace el mandatario local es tratar de reclamar mayor celeridad en el contencioso. 

En este clima enrarecido, los potenciales compradores tienen reservas. Aunque todos confirmaron semanas atrás su intención de ir adelante con la subasta cuando fueron solicitados por Urbanismo, según varias fuentes, expresan sus dudas y exigen aclaraciones en torno a las consecuencias derivadas de una posible rechazo judicial.

Preguntado por el momento en el que se encuentra el proceso, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, confirma que se sigue trabajando, conforme a la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Urbanismo. Y ello incluye, admite, el estudio de los informes y la documentación que han presentado los licitadores. "Lo ideal sería que mientras hacemos esa labor, el juzgado tome una decisión sobre la cautelar", confirma.

Lo que no hace el edil es precisar cuándo puede tener lugar la mesa de contratación definitiva. Parece evidente que el hipotético rechazo de las medidas cautelares pedidas por Bosque Urbano allanaría el camino al Ayuntamiento en el proceso de venta, al, a priori, incrementar las garantías para las firmas interesadas.

Algunas fuentes consultadas no descartan que finalmente tenga que aplazarse a septiembre dado el tiempo que los técnicos necesitarán para responder a los documentos formulados, así como lo particular del actual tiempo estival, con las vacaciones de por medio y la próxima celebración de la Feria de Agosto en la capital de la Costa del Sol.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas

En este contexto, resulta clave la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, de manera precisa, su artículo 140. Este precepto alude a la enajenación de inmuebles litigiosos, como es el caso de los suelos de Repsol.

La norma no impide su enajenación, pero obliga a los concurrentes a cumplir unos condiciones. En el caso de un concurso o una subasta se habla de que en el pliego de bases tiene que hacer "mención expresa y detallada" del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien, al tiempo que "deberá preverse la plena asunción, por quien resulte adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio".

Esta es una de las razones que tanto interrogante ha generado entre los aspirantes a la compra. La ley incide en que la asunción de las consecuencias derivadas del litigio por parte del adjudicatario "figurará necesariamente en la escritura pública en que se formalice la enajenación". 

Pero el propio artículo 140 añade un segundo apartado: "Si el litigio se plantease una vez iniciado el procedimiento de enajenación y éste se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se retrotraerán las actuaciones hasta la fase que permita el cumplimiento de lo indicado en los citados números". 

De la lectura de este último apunte puede deducirse la necesidad de que Urbanismo elabore unas nuevas bases para el concurso de venta, ajustadas a la realidad judicial que pesa sobre el terreno. Una circunstancia que, de llevarse a cabo, podría generar una merma evidente en el valor de los activos.

¿Qué podría ocurrir en caso de que los promotores interesados no estén dispuestos a asumir en solitario los riesgos derivados del litigio? En ese supuesto, que a día de hoy no se puede descartar, la posibilidad de que el concurso de Repsol quede desierto o anulado es real

Tres son las empresas que concurren a la totalidad de los lotes de activos municipales: el fondo suizo Stoneweg, Urbania y Acciona. A ellas se unen Exxacom y Single Home, pero sólo como interesadas en una de las tres torres.