A la espera de resolver el galimatías jurídico en el que se encuentra el concurso de Málaga para contar con una sola empresa que explote la flota de patinetes y bicis de alquiler, el Ayuntamiento de la capital dispone ya sobre su mesa de seis peticiones de firmas interesadas en seguir prestando este servicio el año que viene. 

Este es el número de empresas que han remitido la correspondiente solicitud una vez cerrado el plazo fijado por el área de Movilidad. Así lo ha confirmado el concejal responsable de este departamento, José del Río, que aclara que ahora se abre un plazo para el estudio de las propuestas y la confirmación de que todas ellas cumplen los requisitos marcados.

Pese a que en un principio la intención municipal era la de no abrir una nueva convocatoria para otorgar solicitudes, finalmente, dio un paso atrás ante el complejo estado en el que se encuentra el concurso para la concesión a una única empresa de este servicio. De hecho, actualmente ya existe incluso un recurso administrativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que meses atrás se mostró contraria al procedimiento.

Las nuevas solicitudes serán otorgadas, en todo caso, en precario. Una primera consideración es que el Ayuntamiento establece como primer límite un máximo de 1.350 de movilidad personal VMP (en función del suelo público total puesto a su disposición), a los que podrán sumarse 350 bicicletas de pedaleo asistido (en proporción a los VMP autorizados).

Se indica que las firmas interesadas podrán optar por ambos tipos de vehículos o por solo uno de ellos. En ambos casos, los vehículos han de estar integrados en un sistema digital de explotación e individualmente identificados.

Entre las obligaciones que han de cumplir los operadores están disponer de local en el municipio a efectos de notificaciones, atención al cliente, reclamaciones, solución de incidencias y mantenimiento entre otros posibles supuestos; así como de contratos de seguro en vigor tanto de responsabilidad civil (por un importe mínimo de 1,5 millones de euros) como de accidentes al conductor (por un importe mínimo de 30.000 euros).

Asimismo, deben comprometerse a mantener activa la tarificación telemática al usuario cuando éste pretenda estacionar fuera de los espacios señalizados, a disponer de un sistema que permita la desactivación auto y telemática de sus vehículos que impida la circulación por los entornos restringidos al tráfico rodado que puedan producirse por necesidades de interés público. 

La empresa autorizada será responsable del mal estacionamiento de sus bicicletas EPAC y VMP. Y en consecuencia, tiene la obligación de informar a sus clientes, "antes de finalizar la telecontratación online", sobre las normas de estacionamiento en la ciudad y de comunicar expresamente la prohibición de hacerlo fuera de los espacios habilitados.

Incluso, se detalla que en el supuesto de que el Ayuntamiento fuera condenado "en concepto de responsable civil subsidiario" a resultas de la actividad autorizada, la empresa deberá indemnizar. 

"La autorización se otorgará en precario y podrá perder su eficacia o ser modificada por razones de interés público debidamente justificadas sin que por ello el titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna", se añade.

El permiso quedará condicionado al pago de la tasa establecida por la Ordenanza Fiscal nº 42 por reserva de vía pública para estacionamiento y a que la empresa solicitante "no tenga ningún vehículo pendiente de pago y retirada del Depósito Municipal de Vehículos".