Megaproyecto en Málaga: los promotores de Rojas Santa Tecla quieren arrancar la obra antes de finalizar el año

La hoja de ruta de la que está llamada a ser la nueva gran promoción residencial de Málaga está fijada y con calendario sobre la mesa. Tanto como para confirmar que la intención de los promotores es la de arrancar los trabajos de urbanización de los terrenos Rojas Santa Tecla, situados en la frontera con Torremolinos, antes de que finalice 2023.

Desde ese momento, a contar del orden de 28 meses para completar una fase de la operación que va a requerir una inversión superior a los 60 millones de euros y que sentarán las bases sobre las que se levantarán cerca de 2.900 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. Para medir el peso de este último aliciente de la propuesta, sirva decir que su materialización va a requerir unos 8 millones de euros.

No obstante, antes de llegar al momento en que se coloque la primera piedra del proyecto, los promotores que están detrás de la iniciativa han de alcanzar varios hitos administrativos. El primero de ellos se acaba de superar con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga del proyecto de urbanización, con lo que cobra vigencia.

Superado este punto, las empresas están a la espera de que sea aprobado el proyecto de reparcelación, indispensable para avanzar en el proceso final. Tal y como confirman desde el despacho IUS URBIS, que participa en la iniciativa, se maneja la opción de que este documento sea validado por el Consejo de Administración de Urbanismo a finales de febrero o en marzo. 

Un documento que, según sus primeras versiones, deja en manos del Ayuntamiento de Málaga aprovechamientos para medio millar de viviendas. A este desarrollo se añaden dos pastillas de uso comercial, una de 846,11 metros y otra de 1.923 metros; 11.007 metros de uso deportivo (en dos solares), otros 17.187 metros de uso social y 22.844 metros cuadrados de uso escolar. 

Una vez completado este proceso, se abrirá una especie de concurso interno para adjudicar en tres etapas diferentes el desarrollo de la urbanización. En este esquema, el objetivo es que la contratación de los trabajos quede resuelta en septiembre.

Incluso desde el momento en que se inicien los movimientos de tierra propios de la urbanización, será necesario esperar al menos un año o año y medio antes de que la propiedad ponga en marcha la construcción de las primeras viviendas. 

1,5 millones de metros

La superficie total del sector es de casi 1,5 millones de metros cuadrados, localizados cerca del Campamento Benítez y de los sectores de Cortijo de Mazas y El Olivar. El plan incluye un máximo de 2.847 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, con unos 500.000 metros cuadrados de superficie. Al tiempo, se reservan más de 330.000 metros a zonas verdes.

Igualmente, más de 92.000 metros cuadrados se destinan a equipamientos (22.784,53 para equipamientos deportivos, 45.690,26 a equipamiento escolar y 24.207,48 a equipamiento social) y un techo edificable comercial de 11.719 metros. Así mismo, 244.172 metros se emplearán para crear nuevos viales.

En cuanto a las cargas externas, se prevén, entre otras actuaciones, el desvío del Canal Borres-Romero a través de los viales del sector para lo que se han diseñado tres tramos para su reposición; la dotación de un nuevo depósito de agua potable a través del que se abastecerá el sistema que contará con un volumen de almacenamiento de 7.000 metros cúbicos.

A estas actuaciones hay que sumar nuevo colector exterior de aguas fecales que vehiculará el caudal recibido por el colector existente hasta la EBAR Hutchinson, y la ampliación del sistema de tratamiento terciario de la EDAR Guadalhorce y la conducción de distribución general de agua reciclada, ya que tanto el riego de las zonas verdes del sector, como el del campo de golf previsto debe realizarse con agua regenerada.

Ya en la recta final, este megaproyecto urbanístico hunde sus raíces hace varias décadas. Su avance no ha estado exento de conflictos y problemas, como demuestra que el plan parcial mediante el que se ordena fue anulado judicialmente en hace ahora justo diez años. Una circunstancia que obligó a retomar la tramitación desde su inicio.