El Gobierno acuerda rebajar las limitaciones de las servidumbres del aeropuerto de Málaga a 12 días del 28M

El Gobierno central ha esperado a menos de dos semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo para acordar en Consejo de Ministros un real decreto que modifica las normas que regulan las servidumbres de los aeropuertos españoles, lo que supone, de facto, relajar, el impacto de las mismas sobre un buen número de proyectos urbanísticos de Málaga capital.

Hay que remontarse a finales del año 2020 para conocer el origen de una propuesta que tuvo en jaque al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol, a la Universidad y a los promotores de la provincia dada la enorme incidencia que las nuevas limitaciones del aeródromo tenían para parte del desarrollo urbanístico de la ciudad.

De acuerdo con los datos manejados en su día por el Consistorio, eran alrededor de 110 los sectores de suelo afectados, entre los que entre 20 y 25 se ven condicionados por vez primera. Aunque era la capital la zona más sensible, la medida de Aviación Civil incidía sobre los municipios vecinos de Torremolinos, Alhaurin de la Torre y Cártama, entre otros. El malestar generado por esta iniciativa fue tal que se creó un frente institucional contrario a la misma.

Ha habido que esperar casi dos años y medio para que el Consejo de Ministros haya acordado este martes la reducción de las superficies afectadas por servidumbres aeronáuticas "aproximadamente en un 50%". En concreto, se dice en el acuerdo que no se verán afectadas por estas limitaciones las zonas más alejadas de los aeropuertos y radioayudas, “en las que no hay riesgo para la seguridad aérea”. 

Desde el Ejecutivo se indica que con este ajuste "se alinea el diseño de las servidumbres con la normativa internacional y con la comunitaria, sobre la certificación de aeropuertos". Al tiempo, se incide en que se concentran los esfuerzos de vigilancia y control en las zonas "más sensibles, alrededor de los aeropuertos y de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas".

Otra de las ventajas del acuerdo adoptado, indican, es que se reduce la carga administrativa para las administraciones central, autonómica y local, "puesto que se desarrolla el régimen de exenciones ya aprobado por el Gobierno el pasado verano".

"De esta forma, el real decreto permitirá una supervisión de la seguridad aérea más eficiente, focalizando las servidumbres allá donde son más necesarias y, a la vez, minimizar su impacto en el territorio al reducir su extensión", añaden.

Asimismo, subrayan que se pretende "potenciar" el principio de autonomía de las administraciones territoriales con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, "simplificando el régimen de control aeronáutico sobre los procesos urbanísticos en fases de planificación y ejecución". Esto abre la puerta "al posible establecimiento de exenciones", lo que "contribuirá a la reactivación e impulso de la economía".