3 de junio de 2022. El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, comparece en rueda de prensa para informar de la puesta en marcha de un dispositivo especial de la Policía Local para reforzar el control sobre las conductas incívicas y el exceso de ruido en las principales zonas de ocio de la ciudad. Aunque con el principal foco puesto sobre el Centro Histórico.
La anunciada cruzada policial y municipal veían la luz apenas un mes después de que un juzgado confirmase la sentencia condenatoria al Ayuntamiento de la capital por su "inacción" en el control de los problemas de ruido históricamente denunciados por los vecinos de la Plaza Mitjana.
Un año después de que empezase a aplicarse esta mano dura, los resultados son ciertamente llamativos. De acuerdo con los datos recopilados por EL ESPAÑOL de Málaga de las notas informativas que de manera periódica viene remitiendo el Consistorio, desde la semana del 16-23 de mayo de 2022 hasta el último periodo medido, del 15 al 22 de mayo pasado, el número de denuncias policiales supera las 6.200 (casi 17 diarias).
De todas ellas, más de 4.500 son denuncias aplicadas a individuos por la vulneración de ordenanzas municipales como la del ruido o la de convivencia ciudadana. El registro se completa con otras 1.700 denuncias a establecimientos hosteleros que han hecho dejación de funciones. Ya sea por carecer de permiso de música, por no tener la documentación en regla, por superar la superficie de terraza autorizada o por dejar que el sonido del interior del local salga al exterior…
Pero ¿todas denuncias se convertirán en sanciones que cobrará el Ayuntamiento? La respuesta es no. Aunque no hay datos oficiales que permitan medir el porcentaje de penalizaciones que acarrearán de manera efectiva sanciones económicas a los infractores, las fuentes consultadas confirman este hecho.
Imagen de archivo de las aglomeraciones en la Plaza Mitjana y su entorno.
Desde la Policía Local explican a este periódico que una vez incoadas las respectivas denuncias, los expedientes son remitidos a Vía Pública o Gestrisam. Son estos entes municipales los que han de darle continuidad al recorrido.
En el caso de Gestrisam, según precisan fuentes conocedoras del procedimiento, no todas las penalizaciones a establecimientos pasan por sus manos. Algo que sí suele ocurrir con las actuaciones contra individuos. Pese a ello, las fuentes admiten: "No todas se convierten en expedientes incoados; una vez las recibimos se hace una especie de criba previa porque no tienen bien los DNI o el domicilio del infractor es incorrecto. En esos casos, se devuelven a la Policía". Y es de suponer que quedan anuladas.
Sólo en los casos en los que se constata que la información es correcta se pone en marcha el mecanismo que puede o no derivar en sanción. Porque el proceso incluye la comunicación al presunto infractor, al que se otorga un plazo de alegaciones antes de que se formalice la multa.
Incluso alcanzada esta fase, la persona afectada puede volver a recurrir. En conclusión, "no siempre hay una relación entre las actuaciones que hace la Policía Local, las denuncias que se abren y las sanciones que se imponen".
Las ordenanzas municipales, en función de la gravedad de la falta, recogen multas de entre 600 euros y 300.000 euros, en el caso de la normativa sobre ruido, mientras que en lo tocante a Convivencia Ciudadana, el valor suele rondar los 300 euros.
La calle Pito, en el Centro de Málaga.
Necesidades fisiológicas
Una de las particularidades de la información que desde hace un año viene aportando el Ayuntamiento sobre estas intervenciones es que es posible conocer, por ejemplo, cuáles son las principales razones de las intervenciones policiales. Es de destacar que de las más de 4.500 denuncias a personas, casi 1.500 están motivadas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.
Los datos permiten geolocalizar las calles favoritas de los incívicos para, por ejemplo, orinar. El particular ranking de vías elegidas de manera mayoritaria por los incumplidores de la ordenanza está encabezado de manera destacada por la calle Pito, con más de 255 denuncias (los datos son incompletos porque no en todos los partes municipales se han detallado las calles). Le siguen San Telmo (106), Beatas (68), Granada (47) y Canasteros (46)
Igualmente reseñable es que hay casi 780 denuncias abiertas a personas por cantar o proferir gritos en la vía pública, y más de 750 por consumir bebidas en zonas no autorizadas.