La Torre del Puerto de Málaga cierra su etapa en la esfera municipal para afrontar su decisivo camino hacia Madrid. Casi cinco años y medio después de que el Ayuntamiento aprobara inicialmente la necesaria modificación urbanística para allanar el camino a este proyecto inmobiliario, el expediente queda completado, al menos en la esfera municipal.
Cerrada la puerta de la Casona del Parque y de la Gerencia de Urbanismo (a la que tendrá que regresar más adelante si el asunto sigue con vida), se abre de par en par la del Gobierno central. La operación, impulsada de primera mano por la Autoridad Portuaria de Málaga, aunque con un fondo vinculado a la familia real de Catar como verdadero promotor, afronta ahora una travesía marcada por la incertidumbre.
Frente al aval férreo mostrado en todos estos años de tramitación por el Partido Popular, que ostenta actualmente la mayoría absoluta en el Consistorio, la permanente negativa de Con Málaga (antes Izquierda Unida y Málaga para la Gente) y el renovado posicionamiento del PSOE (formación que apoyó la iniciativa en sus orígenes), consolidan la idea de que sigue habiendo partida.
Es esta la esperanza a la que se agarran los numerosos colectivos que desde hace años reclaman la anulación del proyecto, argumentando, entre otras razones, el impacto que la construcción del edificio de 27 plantas (según planteamiento de la empresa promotora) tendrá sobre el paisaje histórico de Málaga, incluyendo la recién protegida La Farola.
Entre los nombres propios de los que han expresado su negativa está la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte e ICOMOS, un organismo asesor de la Unesco en temas del patrimonio. Este último colectivo ha emitido hasta cuatro informes advirtiendo de las consecuencias de autorizar la ejecución de la torre.
Pese a estas opiniones en contra, el Pleno ha aprobado este jueves, con la mayoría absoluta del PP, ratificar la modificación urbanística que permite asignar un techo edificable de hasta 45.000 metros cuadrados (casi ocho veces más que lo permitido ahora) y una altura de hasta 150 metros en los terrenos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante.
La aprobación definitiva, aunque es el final de una parte del camino, no completa el recorrido en su integridad. El amparo dado por el Consistorio es indispensable para hacer posible la Torre del Puerto, pero se requiere del aval por parte del Consejo de Ministros para permitir sobre suelo portuario un uso hasta ahora prohibido: el hotelero.
Es en Madrid, con un Gobierno integrado por el PSOE y Sumar, contrarios al proyecto, donde ya se empieza a jugar la partida decisiva para una operación ampliamente contestada (recibió en su momento del orden de 1.400 alegaciones). Dados los actores protagonistas, pudiera pensarse que el edificio diseñado por José Seguí no se hará realidad. Pero ¿pesará más la posición política de quienes tienen que tomar la decisión o el valor técnico de todos los informes emitidos hasta la fecha en favor de la iniciativa?
Este es justo uno de los puntos que esgrime el presidente del Puerto, Carlos Rubio, en su valoración. "Cuenta con todos los informes técnicos favorables; los medioambientales, los culturales…", remarca, incidiendo en que "en condiciones normales debe ser aprobado por el Consejo de Ministros". Incluso se atreve a recordar que cuando el emir de Catar visitó España en mayo de 2022, el Gobierno central se comprometió a facilitar las gestiones para las millonarias inversiones planteadas.
Respecto a la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial, lo califica de "gran paso", dado que permite poner fin a una tramitación que se ha alargado en el tiempo. "No creo que se pueda parar, porque es un buen proyecto", añade.