El centro de FP que Málaga quiere en la vieja cárcel de Cruz de Humilladero ocupará casi el 70% del complejo
La superficie prevista para este espacio de formación rondará los 7.000 metros cuadrados. La idea es que haya, además, espacios para innovación, cultura y el distrito.
16 enero, 2024 05:00Noticias relacionadas
La apuesta de Málaga por transformar la antigua cárcel de Cruz de Humilladero en un gran centro polivalente con la Formación Profesional como protagonista sigue adelante. Pese a las reticencias evidentes de los grupos de la oposición en la Casona del Parque, la Gerencia de Urbanismo sigue trabajando en la conformación del pliego de condiciones mediante el que se otorgará a una empresa privada la concesión de buena parte de las instalaciones para este espacio educativo.
Aunque el proceso sigue siendo madurado por el equipo de gobierno, EL ESPAÑOL de Málaga sí puede adelantar que el plan prevé destinar del orden del 70% de la superficie completa del complejo al mencionado centro de FP. Esto, según los datos conocidos sobre el inmueble, se traduce en una reserva de unos 7.000 metros cuadrados.
El techo edificable de todo el espacio se aproxima a los 10.000 metros, sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados (según datos del Catastro). ¿Qué va a ocurrir con el resto? La intención es que permita dar cobijo a otros espacios vinculados a la innovación, la cultura y al propio distrito. Quedan, no obstante, por concretarse los detalles finales para activar la licitación de la futura concesión.
Un paso que el Consistorio pretende dar en los próximos meses dada la existencia de varias empresas interesadas en el equipamiento. La concejala de Ordenación del Territorio, Carmen Casero, ha desvelado este lunes en la comisión municipal que al margen del valor de la concesión que tendrá que asumir el futuro adjudicatario del espacio, se incluirán otros beneficios pensados para los futuros estudiantes locales de este centro.
La apuesta municipal por esta modalidad educativa va en consonancia con la línea de acción del equipo de gobierno en los últimos mandatos. Muestra de ello es la cesión de terrenos formalizada por el Consistorio para que empresas privadas desarrollen instalaciones de este tipo. Es el caso de lo ocurrido con Cesur, que ya explota en el distrito de Teatinos un complejo de unos 8.700 metros cuadrados sobre una parcela municipal cedida por un periodo de 37 años.
Otros ejemplos de la apuesta municipal por incrementar la oferta educativa en la ciudad, de la mano de entidades privadas, son las concesiones de dos terrenos en Teatinos y la zona de El Pato para la construcción de sendos campus universitarios. Uno de ellos impulsado por la Universidad Europea de Madrid y el otro por la Alfonso X el Sabio.
El futuro de la antigua prisión parece claramente perfilado. Y ello supone un avance para un complejo que permanece inactivo después de ser recepcionado hace más de una década. Y ello pese a la existencia de varios planes municipales y de la existencia de entidades que se han interesado por el edificio, como la Universidad Católica de Murcia (UCAM) o la Basque Culinary Center.
El principal escollo siempre ha sido el mismo: el alto valor de los trabajos de rehabilitación, que llegaron a calcularse en unos 24 millones. La suma disuadió al propio Ayuntamiento a la hora de afrontar su transformación en un gran contenedor cultural multidisciplinar en el marco de la iniciativa Distrito 6.
"La cárcel va a tener un uso educativo, de FP dual muy chulo; y uso cultural, y otro uso de innovación", remarcaba Casero en una entrevista a este periódico, en la que indicaba que el objetivo es "darles las llaves y que ellos se encarguen".
El origen del edificio
Fue el 13 de octubre de 1933 cuando la antigua prisión, reconocida en 2014 como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, por ser uno de los centros de la represión de la dictadura durante la Guerra Civil y la posguerra, abrió sus puertas.
Con su puesta en servicio vino a sustituir las instalaciones penitenciarias ubicadas en el Pasillo de la Cárcel (hoy avenida de la Rosaleda), dadas sus malas condiciones. Fue a finales de agosto de 1928 cuando el alcalde del momento, Fernando Guerrero Strachan, y el presidente de la Audiencia Provincial, Enrique de la Blanca y González, acordaron la cesión de una parcela municipal al Estado.
Días después fue colocada la primera piedra de la construcción. Con la Guerra Civil en marcha, el presidio acogió a miles de presos cercanos al alzamiento, hasta que en febrero de 1937 Málaga cae en manos del Bando Nacional. Según datos de la Asociación contra el Olvido y la Memoria Histórica, más de 30.000 personas pasaron por este presidio.