El debate sobre la vivienda y el impacto que tienen los pisos turísticos sobre el mercado residencial de Málaga capital sigue encendido. Y no parece que tenga una fácil solución. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido este viernes la posibilidad de que se prohíba este tipo de alojamientos en aquellos ámbitos en los queda constatado un problema serio de acceso a la vivienda.

Algo que, de acuerdo con sus explicaciones, puede aplicarse a la ciudad de Málaga. "Cuando metemos el bisturí en el análisis de las causas vemos que esto tiene una gran afectación en determinadas ciudades, que afectan al mercado de la vivienda y a la convivencia", ha explicado en el marco de Encuentros Ser Málaga, apuntando que la liberación de las alrededor de 12.000 pisos turísticos actualmente registrados en la ciudad permitiría que miles de familias tuviesen respuesta a sus problemas.

"Si con la prohibición damos respuesta a 12.000 familias digo sí", ha expuesto, remarcando: "Si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, quién va a atender a los turistas; dónde se van a alojar los camareros que nos sirven un vino o un espeto. Sin vivienda no hay vida".

El planteamiento de la ministra está lejos de la hoja de ruta trazada en los últimos meses por el Ayuntamiento de Málaga, que ya ha empezado a impedir el registro de nuevas unidades que incumplan la obligación de disponer de un acceso independiente. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP no contempla, al menos hasta ahora, la posibilidad de actuar con carácter retroactivo e intervenir sobre el mercado para anular las licencias ya existentes.

En este ámbito, ha recordado que el Gobierno sigue adelante con la tramitación de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de que sea obligatorio el aval de la comunidad de vecinos para que pueda abrir un alojamiento turístico en un edificio residencial. 

"Una emergencia social"

Durante su intervención en el encuentro de la Cadena Ser de Málaga, la ministra ha subrayado el "reto" que supone dar respuesta a lo que ha considerado como una "emergencia social". Y ha insistido en que se trata de un problema que afecta a todas las administraciones, valorando que desde el Gobierno se están dando pasos "en la muy buena dirección". Asimismo, ha aplaudido la decisión de la Comisión Europea de anunciar un plan para incentivar la construcción de viviendas a precio asequible.

La ministra ha defendido, además, la declaración de zonas tensionadas, ya que ello permitiría bonificar con hasta un 90% los ingresos de los propietarios que optan por poner sus viviendas en alquiler de larga duración.