Lo llamativo del caso es que la herramienta que va a emplear la Gerencia de Urbanismo para limitar la puesta en servicio de nuevos alojamientos está al alcance de su mano desde mediados de 2011, cuando entró en vigor el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Esa versión final ya incluía un apartado relativo a los usos de hospedaje, según el cual la autorización de los mismos en edificios residenciales sólo es posible siempre que dispongan de una entrada y acceso independiente del resto de viviendas.

La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué el Consistorio, pese a tener al alcance de la mano la fórmula para ordenar el boom de la vivienda turística, no la desarrolló? La respuesta que se traslada desde la Casona del Parque es que no ha sido hasta el pasado mes de febrero, cuando la Junta de Andalucía modificó el decreto de turismo de la región, hablando de manera concreta de viviendas de uso turístico, cuando jurídicamente ha sido posible avanzar en este camino.

Eso es justamente lo que ya hace Málaga. Desde el pasado viernes, tras la aprobación de una inscripción, cualquier petición de autorización de un piso turístico debe cumplir con lo marcado en el PGOU y, por ende, los inmuebles deben disponer de entrada independiente. Y ello, a priori, acota hasta el extremo las peticiones que podrán recibir luz verde. 

Aunque sin datos ciertos, la realidad es que buena parte de las viviendas que ya funcionan como alojamiento de esta naturaleza incumple este precepto. Sirva de ejemplo, que su aplicación impedirá que un piso localizado en una tercera planta pueda ser explotado como turístico de manera individual.

Actualmente, según los datos del Registro de Turismo de Andalucía, en la capital de la Costa del Sol, hay más de 12.100 viviendas de uso turístico inscritas en la base de datos (ello no implican que estén en explotación). El dato supera con creces las que hay en Sevilla capital, donde se enumeran 9.318, cuyo ayuntamiento ya avanza también en el camino de la regulación.

El propio alcalde, Francisco de la Torre, ha valorado el paso adelante dado ahora. "No es ninguna mala noticia. Al contrario: más oferta de alquiler, que es lo que queremos para que los precios no se tensionen, para que el mercado de la vivienda esté más sano", ha explicado, convencido de que el movimiento puede traer consigo un aumento de la oferta de arrendamiento de larga duración.

Nueva ordenanza

El esquema diseñado por Urbanismo, que deberá completarse en los próximos meses con la aprobación de una nueva ordenanza específica en la que se establezcan porcentajes máximos de uso en determinadas zonas saturadas, no tiene carácter retroactivo. Es decir, todas las miles de viviendas ya autorizadas antes de la aprobación del decreto andaluz (inicios de febrero pasado) podrán seguir funcionando con normalidad, dado que la limitación se les aplica.

Aunque ciertamente significativo, el movimiento ahora concretado es, para muchos, tardío. Porque hay que recordar que en el seno del propio Ayuntamiento el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) incidió en la necesidad y en la posibilidad de intervenir en este mercado.

Así consta en los numerosos informes emitidos en estos últimos años, sin que hayan sido tenidos en cuenta por el equipo de gobierno. Uno de ellos data de mayo de 2018, cuando se cuestionó abiertamente la ausencia de políticas del Ejecutivo local en el control de las viviendas turísticas. 

En este sentido, se denunciaba el incumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, que de facto impedirían la implantación de estas viviendas en edificios residenciales, así como en plantas altas de los inmuebles. La gravedad del asunto era tal que, según ese trabajo, alrededor del 90% del conjunto de viviendas de uso turístico registradas por la Junta de Andalucía hasta ese momento "incumple la normativa municipal de usos". 

Y, como ahora se plantea desde Urbanismo, seis años atrás el OMAU recordaba que el planeamiento recoge artículos claramente limitativos, caso del 6.4.2, relacionado con la "restricción del hospedaje en edificios residenciales".