El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso firme para limitar la proliferación de viviendas turísticas en la capital de la Costa del Sol. Aplicando la exigencia de que cualquier nuevo alojamiento de este tipo disponga de entrada y servicios independientes, la Gerencia de Urbanismo ha reclamado a la Junta de Andalucía la cancelación de la inscripción de 1.120 pisos turísticos.

Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Ordenación del Territorio, Carmen Casero, quien ha admitido la posibilidad de que algunos de estos inmuebles puedan estar en explotación comercial. Sobre ello, ha subrayado la posición municipal a favor de colaborar al máximo con la Administración regional para inspeccionar estas viviendas, al objeto de verificar el cumplimiento de la actual normativa urbanística.

Este es uno de los escollos con los que se puede topar esta iniciativa. Aunque la Consejería de Turismo determine la anulación en su registro de todas las referencias aportadas por el Consistorio, cabe la duda de si, de facto, se producirá una suspensión de la actividad de esas viviendas. Un supuesto en el que tomaría protagonismo la labor de inspección de la Administración regional.

El dato aportado por la edil es más que considerable si se tiene en cuenta que el número total de pisos inscritos desde finales de febrero hasta ahora es de unos 1.380. Es decir, casi el 82% del total incumple las actuales exigencias urbanísticas, superando este criterio limitativo solo el 18% del total de peticiones.

De acuerdo con los datos actualizados a este miércoles del Registro de Turismo de Andalucía, en la capital de la Costa del Sol hay dados de alta 12.543 viviendas turísticas. La previsión es que el número de inmuebles para los que se pida la cancelación en el registro vaya reduciéndose en las próximas fechas.

"Es un paso importante, que pone de manifiesto que sigue adelante nuestra voluntad de ordenar y regular y solo permitir las viviendas que sean compatibles con el bienestar de los malagueños", ha remarcado Casero, quien ha anunciado que en pocas semanas se dará otra vuelta de tuerca con la presentación de las conclusiones del estudio encargado a Espacio Común.

Sobre ello, la concejala ha afirmado que se está analizando jurídicamente si es posible reducir los trámites, de manera que se opte o por la aprobación de una ordenanza específica o por la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en la que se viene trabajando desde hace tiempo.