Tras más de siete años de espera, el desarrollo de una gran superficie empresarial y comercial en las proximidades del aeropuerto de la Costa del Sol queda finalmente desbloqueado. El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar definitivamente este viernes 16 de agosto el Plan Parcial del Sector SUS-G.2 Calle Pascal, promovido por LIDL Supermercados y la empresa Campogran, hito con el que pondrá fin a un camino iniciado en junio de 2017, cuando el documento fue avalado inicialmente por el Consistorio.

Para dar la luz verde final a la ordenación del sector, emplazada en las proximidades del Decathlon y del Leroy Merlin y junto al inicio del acceso sur al aeródromo, el Ayuntamiento ha convocado de manera urgente y extraordinaria, primero, a la Comisión de Ordenación del Territorio y, después, al Pleno. 

Atendiendo al expediente urbanístico que va a ser sometido a debate y aprobación, la ordenación final de este sector, que cuenta con 72.700 metros cuadrados de superficie, pasa por generar un núcleo urbanizado destinado a la implantación de usos productivos-empresariales y comerciales, "garantizando el crecimiento uniforme de la ciudad mediante el trazado de las conexiones con la trama viaria". El techo edificable máximo es de unos 21.700 metros cuadrados, de los cuales 17.500 son para productivo-empresarial y los restantes 4.362 para comercial.

En concreto, se proponen dos parcelas de uso comercial y otra "empresarial de oficinas" que se complementan con usos de equipamiento (SIPS). Es de reseñar que la ordenación plantea como espacio de separación tanto al viario como a la desembocadura del río Guadalhorce un espacio verde, al que linda con un conjunto de edificios de uso empresarial-oficinas. Estos inmuebles, aunque a otra cota, generan una fachada a la carretera MA-20 con unas alineaciones ordenadas y uniformes.

De acuerdo con los datos recogidos en los documentos técnicos previos, que datan del año 2021, el valor de repercusión de los suelos era en ese momento de casi 14,4 millones de euros, valor que se rebajaría a 12,9 millones una vez descontado el 10% que correspondería al Ayuntamiento. A este detalle hay que añadir que los costes de urbanización se estiman en unos 3 millones, cifra que se incrementa hasta los 5,5 millones por las cargas externas.