La millonaria reforma del edificio de Hacienda en Málaga capital ya está en marcha. Casi tres semanas después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a la inversión necesaria para afrontar esta operación, el Gobierno central ha activado la licitación para contratar las obras. El valor inicial del contrato asciende a 34.351.521,44 (28,4 millones sin IVA), fijándose un plazo de 24 meses para su materialización. Las empresas interesadas tienen hasta el 30 de septiembre para presentar sus ofertas.

El movimiento de la Administración central se produce casi cinco años después de que echase el cierre y de que 600 empleados públicos abandonasen el interior de la sede administrativa, localizada en la Avenida de Andalucía. 

El inmueble, adscrito a la Agencia Tributaria (AEAT) y afectado a la Delegación de Economía y Hacienda, mantendrá su uso administrativo, concentrando en su interior las oficinas de Delegación Provincial de la Agencia Tributaria y a los servicios dependientes de la Delegación de Economía y Hacienda. 

Cuenta con 15 plantas: tres de ellas bajo rasante, una planta semisótano y 11 sobre rasante. Estas 11 plantas sobre rasante se componen de Planta Baja, 9 plantas de oficinas y una última para el alojamiento de las instalaciones. La superficie total construida del edificio es de 22.974.04 metros cuadrados, de los cuales 12.700,89 corresponden a plantas sobre rasante y 10.273,15 a plantas bajo rasante.

De acuerdo con los datos manejados por el Ejecutivo, el inmueble estuvo ocupado hasta diciembre de 2019, estando actualmente fuera de servicio debido a las patologías existentes, con daños en la estructura de los sótanos. 

"La justificación de contratar las obras objeto del presente contrato obedece a la necesidad de acometer las obras de refuerzo y reparación de los elementos estructurales deficitarios observados en los estudios previos", remarca el Gobierno, que incide en que con esta operación se busca garantizar la estabilidad y seguridad del inmueble. 

El calendario manejado por la Administración estatal concreta el inicio del contrato en 2025, siendo su plazo de ejecución de 24 meses. Conforme a estas previsiones, la terminación de los trabajos de adecuación no estarán completados hasta los primeros meses de 2027. De cumplirse esta previsión, los trabajadores que ahora están repartidos en diferentes sedes provisionales no regresarán al edificio hasta ocho años después de ser desalojados.

De acuerdo con la memoria justificativa de la actuación, los trabajos planteados en el proyecto, que ha sido declarado "confidencial por razones de seguridad", busca estos objetivos: 

• Reforzar la estructura del edificio; renovar de manera completa los acabados interiores, realizados con materiales que aporten luz y calidez al espacio de trabajo

• Mejorar la eficiencia energética y acústica del edificio, gracias a la mejora del aislamiento de la envolvente y a la instalación de equipos de climatización altamente eficientes

• Renovar las instalaciones, que se encuentran obsoletas; modificar los trazados de algunos núcleos de comunicación vertical existentes y crear nuevos.

• Modificar el acceso rodado; cubrir la terraza de la planta novena, mediante una envolvente que cumpla los estándares de confort térmico y nuevas carpinterías.

• Poner en valor del edificio mediante la eliminación parcial de las instalaciones existentes en la cubierta de la planta tercera, reduciendo su impacto visual hacia el exterior.  

• Reconstruir la cubierta, donde se ubicará el nuevo salón de actos en planta tercera.  

• Mantener los lucernarios que sea posible, cumpliendo con el CTE-DBSI, de los patios interiores del edificio, situados en planta 2, en el cuerpo trasero del edificio y en planta baja en la parte derecha, para mejorar la iluminación natural de las zonas de trabajo interiores.

Hay que recordar que el Gobierno ya tiene en sus manos la licencia de obras para acometer la rehabilitación. Fue en agosto de 2023 cuando la Gerencia de Urbanismo emitió el permiso necesario, estableciendo el presupuesto de ejecución material en unos 23 millones. El anteproyecto y el proyecto de ejecución fueron contratados a las empresas Cor Asoc. S. L. y Otxotorena Arquitectos S. L. P. U.