La Audiencia Nacional (AN) ha acordado el embargo del dinero que pudiera percibir el exalcalde de Marbella Julián Muñoz por su participación en el programa de televisión emitido el pasado viernes para hacer frente a indemnizaciones a las que fue condenado por el caso Saqueo II, sobre el desvío de dinero público del Ayuntamiento en la etapa de Jesús Gil como alcalde.
Así consta en dos decretos emitido por la Sala de lo Penal Sección Tercera de la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso Europa Press, después de que el Ayuntamiento marbellí hubiera solicitado el embargo de retribuciones al conocerse que el exregidor iba a participar en la docuserie titulada No es hora de la venganza, es la hora de la verdad.
Según el primero de los documentos, dictado a principios de este mes de enero, Muñoz fue condenado en esa causa al pago de diversas cantidades en concepto de indemnización que suman 46.602.030,20 euros, quedando pendiente de abono en estos momentos prácticamente toda la cantidad, en concreto 46.231.278,25 euros.
Así, al haberse acreditado el impago, la Audiencia Nacional acuerda reabrir la ejecución de la sentencia condenatoria y realizar una nueva averiguación patrimonial respecto de Julián Muñoz, señala dicho decreto.
Además, en el mismo documento se acuerda "el embargo de cualquier clase de remuneración o retribución a cuya percepción tuviere derecho el penado por su participación en cualquier programa televisivo".
En concreto, se refiere al programa No es hora de la venganza, es la hora de la verdad de Telecinco (que en el momento en el que se dictó este decreto estaba únicamente anunciado, pero del que ya se ha emitido un primer capítulo), "esto en garantía de dicha cantidad adeudada en concepto de indemnización". Así, en el segundo documento, se insta a remitir oficio a la empresa relacionada con la producción de la docuserie con el fin de comunicarle el embargo.
La Audiencia Nacional condenó en octubre de 2013 a seis años de cárcel a Muñoz y al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por el caso Saqueo II, que se inició a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999.
Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó las penas de prisión impuestas tanto a Muñoz, pasando de seis a cinco años; como al que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca, al que se le impusieron finalmente tres años de cárcel.