Declaran culpable a una empleada del Ayuntamiento de Marbella por quedarse con dinero de anticipos

Un jurado popular ha declarado esta semana culpable a una empleada del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) acusada por la Fiscalía malagueña por quedarse con unos 25.400 euros que solicitó como anticipos.

Así lo han informado fuentes judiciales a Europa Press, apuntando que los miembros del Tribunal popular han considerado a la procesada culpable de un delito de malversación de caudales públicos.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, la mujer desempeñaba su trabajo como personal laboral en el puesto de auxiliar de administración general en el área de nóminas del Consistorio, con lo que tenía acceso a la aplicación informática de bases de datos de gestión de las nóminas.

Entre enero de 2016 y 2019, la mujer solicitó a la Alcaldía anticipos sobre sus nóminas, los cuales se les fueron concediendo con la obligación de devolverlos en los meses siguientes mediante el descuento en sus futuras nóminas de las cantidades recibidas por adelantado, señala la acusación pública.

Pero, supuestamente, la mujer, "para obtener un provecho económico, fue disponiendo del importe de los anticipos concedidos sin devolverlos", señala el ministerio fiscal, que concreta en su escrito al menos diez decretos concediendo esos adelantos, sin que presuntamente llegara a devolverlos al completo.

Para ello, presuntamente "impedía a través de dicha aplicación informática que se realizara automáticamente el descuento de las cantidades recibidas por anticipado del importe de sus nóminas, cobrando el importe al completo de estas, además de los anticipos", especifica el escrito inicial.

Así, según la Fiscalía, al conocer la acusada que en enero de 2019 que estos hechos habían sido detectados por los responsables municipales, en enero de 2019 devolvió al Ayuntamiento la cantidad de 25.475 euros, suma de las cantidades recibidas como anticipo que supuestamente "había hecho suyas desde 2016".

Inicialmente, la Fiscalía malagueña solicitaba una condena a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación especial para cargo o empleo público por ocho años.