La actividad urbanística en la Costa del Sol no cesa. Aunque con la parsimonia propia de todo proceso de ordenación, los sectores avanzan en el largo camino de su tramitación urbanística y, siempre, con el ojo atento de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía, que trata de velar por que estos desarrollos sean adecuados desde el punto de vista ambiental.

El último ejemplo de ello es el progreso que tiene el plan parcial de ordenación del sector SUS-S08 Haza de Algarrobo, en el municipio de Mijas, operación impulsada en origen la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que llegó a ser bautizada como el banco malo.

Y que, como en otros expedientes conocidos en estas semanas, recibe las advertencias claras de los técnicos autonómicos, al considerar que su materialización "puede entrañar efectos significativos en el medio ambiente". Es por ello por lo que determinan la necesidad de que este instrumento sea sometido a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.

La finalidad de la iniciativa, cuyos informes ambientales, fechados a principios del pasado mes de mayo, se encuentran ahora abiertos a consulta pública, es ordenar un proyecto que recoge la construcción de 510 viviendas (149 unifamiliares adosadas y 361 en la tipología ciudad jardín) sobre una superficie completa de 330.560 metros cuadrados. Una de las particularidades de este espacio es que está sometido a fuertes pendientes, en algunos casos superiores al 30%.

Una de las principales voces de alarma lanzadas por los técnicos de la Junta, como queda recogido en el informe del servicio de gestión del medio natural de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, es la afectación que este desarrollo tiene sobre los hábitats de interés comunitario (HICs) existentes en el sector, con una superficie total de 17,9 hectáreas. De ellas, la mayoría han de ser compensadas en algún emplazamiento fuera del sector. 

"Se evidencia que no sólo no se conservan las superficies de hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito de actuación de manera íntegra en su emplazamiento actual o siquiera con pequeñas afecciones que deban compensarse en otros terrenos, sino que la superficie que resulta afectada es abrumadoramente mayoritaria, salvándose en su emplazamiento actual únicamente 4,2 ha del total", se indica en el documento.

En el mismo, los técnicos advierten además, de que otras 9 hectáreas "no encuentran ubicación en el sector y habrán de compensarse fuera del mismo, sin que se hayan identificado siquiera los emplazamientos donde hacerlo justificando la idoneidad ecológica de los terrenos, la posesión de derechos de uso o titularidad de los mismos…". 

E incluso, se recuerda que otras experiencias documentadas de compensaciones ex situ han demostrado una alta tasa de fracaso en el arraigo de la vegetación en el nuevo sustrato, con lo que si son 9 hectáreas las que deben compensarse fuera del sector, "para que la operación resulte exitosa en 9 hectáreas, habría que disponer y garantizar que se acometerán las tareas en una extensión de terreno notablemente superior, con medidas de seguimiento posterior".