La Junta impulsa la tecnología avanzada para mejorar la Atención Infantil Temprana

La nueva Ley de Atención Temprana de la Junta de Andalucía, que entrará en vigor el próximo 14 de marzo, beneficiará a más de 6.000 menores de seis años en la provincia de Málaga, según ha señalado la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, que ha visitado este jueves el Equipo SIDI Ciudad Jardín, uno de los centros de la capital integrados en la Red de Atención Infantil Temprana en Andalucía, donde se pone a disposición de los usuarios la última tecnología en comunicación y diagnóstico.

Navarro, acompañada de la delegada territorial de Inclusión Social, Ruth Sarabia, y del delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, ha recorrido las instalaciones con la presidenta de la organización responsable de este centro, Francisca Cañete, donde tienen a 104 menores en intervención.

A través de este centro se ha puesto a disposición de una de las familias demandantes uno de los cinco comunicadores con sensor de mirada que Junta de Andalucía ofrece de forma gratuita en la provincia de Málaga "para facilitar esa conexión y ese trabajo diario, en este caso con los menores que lo precisan", ha apuntado Navarro, al tiempo que ha considerado "fundamental la formación del profesorado y de los progenitores en este sentido, para que el comunicador forme parte de sus vidas y no se interrumpa la comunicación del menor".

Se trata de un dispositivo que permite al usuario navegar y controlar las tabletas y computadores con el movimiento natural de los ojos, de tal modo que puede comunicarse con sus familiares y entorno, aprender y entretenerse.

La delegada ha subrayado que la filosofía del Gobierno andaluz respecto a las necesidades de los menores con algún tipo de trastorno "se centra en implicar más a las familias y a su entorno educativo y social", para dar la mayor cobertura posible a estos niños y propiciar su integración.

Ley a la vanguardia en atención temprana

Así, la Ley de Atención Temprana "sitúa a Andalucía a la vanguardia de la regulación en Atención Temprana, pues sólo otras dos comunidades autónomas cuentan con una ley en esta materia: Murcia y Canarias", ha afirmado la delegada, ya que la norma garantiza que los menores de seis años con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de presentarlo tengan condiciones de igualdad en la Atención Infantil Temprana y, por supuesto, que esta prestación sea de calidad.

La Ley recoge los derechos de los menores y sus familias, otorga un papel fundamental a las familias, redefine las Unidades de Atención Infantil Temprana como unidades de seguimiento y neurodesarrollo ubicadas en Atención Primaria, y establece nuevos circuitos de derivación para atender de forma eficaz, precoz, fluida y continua a la población infantil según sus necesidades específicas.

El diseño del primer Concierto Social de la nueva ley, además, ha incorporado nuevos lotes con sesiones a desarrollar en localidades donde los anteriores acuerdos Marco no habían prestado esta cobertura asistencial, lo que ha propiciado la apertura de nuevos Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) como los de Coín, Torre del Mar y Pizarra, en la provincia de Málaga, que podrán atender a unos 140 menores de 6 años.

Según los datos de la Consejería de Salud y Consumo, la capacidad asistencial en Andalucía se ha adaptado a las necesidades crecientes, pasando de atender a 27.686 menores en toda la comunidad en el año 2020 a 31.150 menores en 2021. En el primer semestre de 2022 se han atendido un total de 29.092 menores.

A nivel presupuestario, la Atención Temprana ha tenido un aumento del 44% en cuanto al crédito dedicado a la prestación de este servicio que pasa de 51 millones de euros con los Acuerdos Marco a 91 millones con el Concierto Social, es decir, 40 millones de euros más en la prestación bianual del servicio. En 2017 la inversión en Atención Temprana Infantil era de 27 millones de euros.

Además, aumenta el precio de la sesión abonada a las entidades locales que prestan el servicio de Atención Temprana y pasa de 22 a 28 euros. Por lo que se produce un incremento del crédito dedicado a las provincias en las que se desarrollan estas delegaciones de competencias: 4,5 a 5,8 millones de euros (+ 21,43%).