El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. CCOO ha reivindicado este viernes una mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad, así como de las que se dedican a la atención de este colectivo.

Este ha sido el motivo principal de la rueda de prensa que se ha ofrecido esta mañana en la que han estado presentes la secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO de Málaga, Inmaculada Sánchez, y el responsable del sector de Atención a la Discapacidad en la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Daniel Moreno.

En palabras de Inmaculada Sánchez, “para CCOO, es imprescindible que el Gobierno de Andalucía ponga en marcha todas las ayudas de los fondos europeos destinados al fomento del empleo de personas con discapacidad, que tiene una dotación presupuestaria total de 78 millones de euros en el que el 98,5% va destinado a los centro especiales de empleo”.

La líder sindical también ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Málaga para que “cumpla con la cuota del 10% de oferta de empleo público destinado a las personas con discapacidad, porque está aplicando la ley Estatal del 7%”, y también, tanto al Consistorio como al IMFE (Instituto Municipal de Formación y Empleo) “para que incorporen la lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual en los cursos y en los temarios de las convocatorias”.

Durante este acto, Inmaculada Sánchez ha hecho público un informe de su Secretaría de Política Social, en el que ha informado que las personas que solicitan la discapacidad en Málaga tienen que esperar hasta 28 meses para recibir la resolución de grado de discapacidad reconocido. “Eso supone una media de 660 días más que el plazo máximo que establece el derecho administrativo, que es de 180 días”, ha criticado. A su vez, ha denunciado que “esta situación es inaceptable, ya que esta demora supone el retraso de todas aquellas ayudas y prestaciones económicas y sociales que para muchas familias malagueñas suponen los únicos ingresos que entran en el hogar”.

A estas demoras, Sánchez ha resaltado que “al no haber prácticamente citas, esto está paralizando la renovación de la tarjeta de discapacidad a miles de personas. Hay un déficit de recursos materiales y humanos por parte de la Junta de Andalucía. Hacen falta más equipos de valoración, que está integrado por personal médico, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo".

En cuanto a las Estadísticas de Empleo de las Personas con Discapacidad en Málaga, el porcentaje de inactivos laborales sobrepasa el 70%. La tasa de empleo para este colectivo supone solo el 17,45% frente al 46,1% del total registrado en Málaga. Lo mismo ocurre con la tasa de actividad, que para estas personas está en el 27% frente al 57% del total. La tasa de paro es del 35,5% frente al 19,37% en esta provincia.

Las actividades económicas con mayor afiliación están relacionadas con sectores de baja cualificación profesional en su mayoría. El sector servicios a edificios y actividades de jardinería supone el 23,8%, las actividades relacionadas con los servicios sociales y cuidados es del 14,84% y en el comercio al por menor está en un 5,9%. Estas personas sólo están representadas en un 3,7% como personal funcionario o laboral de la administración pública.

La contratación está marcada por la temporalidad en un 69,8% de los contratos registrados, a octubre de 2023, donde la mujer representa el 40,5% de los contratos y como viene siendo habitual en Málaga, es el sector servicios el que ocupa el mayor volumen de contrataciones en un 81,37%. La contratación en las personas con discapacidad representa el 1,70% del total de Málaga.

En cuanto al perfil de las 8.791 personas con discapacidad demandantes de empleo, el 52,45% son mujeres (4.611 mujeres). El 73,5% de estas mujeres tienen estudios secundarios o postsecundarios, mientras que en el caso de los hombres es en un 70,6%. “Están formadas, pero no se les ofrece oportunidad en el mercado laboral”, afirman desde CCOO. Las mujeres sin empleo anterior se sitúan un punto porcentual por debajo de los hombres (11,7% las mujeres).

En cuanto al paro, el 55% de las 5.633 personas con discapacidad paradas son mujeres. Tienen una media de 45 o más años y las que tienen estudios secundarios suponen el 64%. Representan el 4,16% del total de personas paradas en Málaga. El hombre parado comparte el mismo perfil que la mujer. Es el sector servicios el que presenta mayor número de personas desempleadas en un 48,3%. El pasado año, las personas que tenían reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%en Málaga fueron un total de 116.482, el 51,4% mujeres.

Por su parte, Daniel Moreno ha informado sobre la situación en la que se encuentran los cerca de 100 centros especiales de empleo que hay en la provincia de Málaga, que son centros donde trabajan como mínimo el 70% de personas con una discapacidad reconocida de un 33% o superior. “Desde 2009 han ido creciendo, pero sobre todo los que tienen ánimo de lucro, no aquellas asociaciones de familares que fueron las impulsoras de estos espacios. Es decir, cada vez más, empresas grandes están viendo en este tipo de centros nichos de mercado, donde existe una discriminación laboral muy alta entre aquellas personas que trabajan en centros especiales de empleo creados por empresas grandes y aquellas que trabajan en centros sin ánimo de lucro, las creadas por las familias y colectivos sociales", apunta.

El representante sindical también ha destacado el conflicto colectivo en el que se encuentra la plantilla del Personal Técnico en la Interpretación de Lengua de Signos Española (ILSE) y del Personal Técnico en Integración Social (PTIS). “Llevan una semana de huelga indefinida para exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía la igualdad salarial con respecto al resto de plantilla que realiza el mismo trabajo pero que sí es considerada personal laboral de dicha administración”. Este colectivo, ha recordado, realiza un servicio público en los centros de educación, pero se encuentra externalizado por lo que sus condiciones laborales y salariales están mermadas. También ha recordado, que esta situación no solo afecta a esta plantilla, sino "también a los menores, que son los usuarios de los servicios de estas personas, así como a sus familiares”.