Alemania nunca detectó que Volkswagen manipulaba sus coches diésel para rebajar artificialmente sus emisiones durante las pruebas de laboratorio. Tuvo que ser Estados Unidos el que destapara el escándalo. Además, Berlín permitió que Mercedes utilizara un refrigerante prohibido en la UE por su impacto medioambiental. La Comisión Europea quiere evitar que casos como estos se repitan en el futuro y por ello ha propuesto este miércoles que el procedimiento de homologación de vehículos, los controles y las sanciones para los incumplidores -de hasta 30.000 euros por coche- dependan más de la UE y menos de las autoridades nacionales, que pueden tener la tentación de favorecer a su industria automovilística.

“Las revelaciones del caso Volkswagen han puesto de relieve que el sistema de homologación de vehículos necesita mejoras. Para recuperar la confianza de los consumidores en esta importante industria, debemos endurecer las reglas, pero también garantizar que se cumplan en la práctica”, ha dicho el vicepresidente de la Comisión responsable de Competitividad, Jyrki Katainen. Para la comisaria de Industria, Elzbieta Bienkowska, el nuevo reglamento “aumentará la calidad y la independencia de los tests a los vehículos y mejorará la vigilancia de los coches ya en circulación”.

El actual sistema de homologación de vehículos se basa en la confianza mutua: una vez que se certifica un coche en un estado miembro, puede circular libremente en toda la UE. Así, Francia apenas tenía margen de maniobra cuando detectó los coches de Mercedes que usaban el refrigerante prohibido, porque Berlín lo había autorizado. Aunque la UE fija el marco legal, son las autoridades nacionales las responsables de verificar que los fabricantes lo cumplan. Estos son los cambios que propone el Ejecutivo comunitario para corregir los “fallos” del sistema:

1.Reforzar la calidad y la independencia de los tests

La mayoría de países designa a determinados servicios técnicos, que están pagados directamente por los fabricantes, para verificar e inspeccionar que los coches cumplen los requisitos de homologación de la UE. Bruselas propone que en el futuro sean los estados miembros los que recauden directamente estas tasas. Se trata de evitar vínculos financieros entre fabricantes y servicios técnicos y conflictos de interés que puedan comprometer la independencia de los exámenes. El reglamento también prevé requisitos más estrictos para estos servicios técnicos, que deberán someterse de forma regular a auditorías para obtener y mantener su licencia.

2.Más controles para los coches que ya están en circulación

La legislación vigente se basa sobre todo en controles previos a que los vehículos entren en el mercado. Si se aprueba este reglamento, tanto la Comisión como los gobiernos nacionales podrán realizar inspecciones por sorpresa en los coches que ya están en circulación. Todos los estados miembros podrán tomar medidas de salvaguardia contra los vehículos que incumplan la normativa, sin tener que esperar a lo que decida el país que los homologó.

3.Más poderes para Bruselas

El Ejecutivo comunitario tendrá nuevos poderes para suspender, restringir o retirar la licencia a los servicios técnicos que sean demasiado permisivos en la aplicación de las reglas. La Comisión podrá también realizar inspecciones por sorpresa en coches que ya están en el mercado e imponer directamente multas, sin esperar a las autoridades nacionales. Unas sanciones que pueden ascender a 30.000 euros por vehículo trucado. Finalmente, Bruselas quiere competencias que le permitan ordenar la retirada del mercado de los vehículos que vulneren de forma grave las normas medioambientales. El nuevo reglamento mantiene la prohibición de los dispositivos de manipulación como los que usó Volkswagen para maquillar sus emisiones. Pero además obliga a los fabricantes a permitir el acceso a los protocolos de software de sus vehículos.

El texto del reglamento tiene que ser ahora negociado y acordado por la Eurocámara y los Gobiernos, que probablemente intentarán suavizarlo. Alemania y España ya han logrado suavizar las exigencias de los nuevos tests de emisiones en condiciones reales de conducción. Bruselas no se plantea ninguna fecha concreta para su entrada en vigor, aunque pide un “acuerdo rápido” por “la urgente necesidad de restaurar la confianza”.